Redacción. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, aseguró este miércoles que el Ministerio Público iniciará la próxima semana una presunta ofensiva judicial contra el candidato presidencial Salvador Nasralla y su esposa, la diputada Iroshka Elvir.
“Estoy plenamente seguro de que la próxima semana el Ministerio Público va a atacar a Salvador Nasralla y a su esposa Iroshka Elvir”, declaró durante la manifestación de este miércoles en el parque de San Pedro Sula.
El edil sampedrano denunció que estas acciones formarían parte de una estrategia para desacreditar políticamente al presidenciable liberal. Según Contreras, la supuesta intención del MP se enmarca en un contexto de persecución política con el objetivo de debilitar el crecimiento electoral de Nasralla de cara a los comicios generales.
Contreras afirmó además que no tiene nada que temer. Mencionó que si el fiscal general, Johel Zelaya, intentara encarcelarlo, él se entregaría voluntariamente y renunciaría a todas sus investiduras políticas.
“No necesita orden de captura, yo mismo voy a Tegucigalpa. Me presento para que me encarcelen en la capital o que utilicen a todos los fiscales que tengan, no hay problema”, afirmó.
Asimismo, exigió la liberación de los supuestos implicados detenidos recientemente en la investigación por presuntos actos de corrupción en la alcaldía sampedrana. Entre ellos están su yerno, Steve Adolfo Fajardo, y el tesorero municipal, Xavier Lacayo. Se incluye también a Walter Cartagena y Karina Mena, a quienes el alcalde considera víctimas de una persecución con tintes políticos.
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Presunto fraude
Las declaraciones del alcalde surgen en medio de un presunto acto de corrupción que involucra a funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de San Pedro Sula. Las autoridades los acusaron de formar parte de una red que habría desfalcado al erario municipal por más de 45.5 millones de lempiras.
El ente acusador presentó un requerimiento fiscal contra varios miembros de la comuna, señalándolos de participar en 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., entre julio de 2023 y abril de 2024. Los contratos estaban destinados al mejoramiento vial, pero, según la acusación, fueron utilizados para desviar fondos públicos.
Las autoridades enviaron a detención judicial en la Penitenciaría Nacional de Támara al tesorero municipal, Xavier Lacayo. También trasladaron a esa prisión a Olga Estela Ávila, Luis Fernando Hernández, Malcon Jonathan Morales y Andrea Fabiola Perdomo, todos supuestamente vinculados a la red de corrupción.
