Víctor Manuel Ramos
Se ha firmado, en La Habana, entre el gobierno de Colombia y las FRAC EP, un convenio para dilucidar los problemas de justicia penal que deben tratarse una vez que los convenios de paz entren en vigencia. El objeto de este acuerdo (realmente debió haber mucha resistencia para su aceptación por parte de ambos bandos en la negociación), es reparar todos los delitos de lesa humanidad y de gravedad extraordinaria que se cometieron en Colombia durante el conflicto entre el Estado y las FARC EP, para saldar la deuda que se tiene con las víctimas y para que no haya impunidad ni posibilidad de que tales eventos deleznables puedan repetirse.
La ceremonia de la firma de ese importante documento fue presidida por el Presidente de Cuba, Raúl Castro, uno de los garantes en el proceso de negociación, y los firmantes fueron personajes del más alto nivel: el presidente Santos de Colombia y el comandante Timochenko de las FARC EP.
Por otra parte, tanto el gobierno como la guerrilla, se han comprometido a que más tardar en marzo del próximo año se firmará el acuerdo definitivo de paz y que un más más, a partir de esa fecha, un mes después la guerrilla estará desmovilizada con todas las garantías y con la posibilidad de convertirse en un partido político.
Como un mecanismo que permita que el sistema especial de justicia que se encargará de la investigación y el juzgamiento de los delitos de los que hemos hablado arriba se realice con auténtica imparcialidad y mediante el pleno respeto de los derechos fundamentales de los encausados, las partes has convenido en crear un tribunal especial que estará integrado por juristas nacionales e internacionales escogidos con criterios muy severos.
Ese tribunal pactado entre las partes contendientes en Colombia, contienda que ya lleva más de medio siglo con desastrosas consecuencias, no es más que una CICI, muy similar a la que la oposición indignada está solicitando para Honduras, con el fin de que la corrupción no siga impune y que se pueda juzgar a los corruptos.
A esta demanda popular de los hondureños –bullangueros y silenciosos-, el gobierno responde con una solución acomodada, que consiste en nombrar un tribunal especial mediatizado, controlado por las mismas esferas del poder que hoy están en la mira de las acusaciones del pueblo.
Colombia va por un buen camino. Desde Honduras lo celebramos con muchísimo entusiasmo. Ese pueblo se merece la paz y una verdadera justicia. Nuestra Hibueras, demás está decirlo, va también por un buen camino, la exigencia popular por una CICI arrincona cada vez más al gobierno y lo desenmascara .
