TEGUCIGALPA, HONDURAS. De los 222 casos positivos por COVID-19 que ya se registran en el país, 24 son niños menores de edad, así lo estableció ayer la Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes y sus Derechos (COIPRODEN).
Según COIPRODEN, desde que el Gobierno hizo la declaración de Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, se mantienen en constante monitoreo y seguimiento de los casos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han resultado positivos por el COVID-19.
En ese sentido, la organización indicó que hasta el 01 de abril 2020 se contabilizan los siguientes casos por edades:
- 11 % (24 casos) / 9 niñas y 15 niños (0-18 años)
- 21 % (47 casos) / 16 mujeres y 31 hombres (19-30 años)
A efecto de eso, COIPRODEN señaló que es preocupante el número de casos positivos de personas entre los 0 y 30 años de edad. Esto debido a que ya representan un 32 %, es decir 71 casos.
“Eso significa que hay que redoblar los esfuerzos para fortalecer aún más el sistema sanitario en Honduras. Y la responsabilidad que como sociedad debemos asumir para evitar que se siga propagando esta pandemia”, aseguró.
De ese modo, indicaron que los riesgos a los que la niñez y juventud se enfrentan en situaciones de emergencia tienen un impacto devastador en su bienestar, seguridad física, psíquicos y en su futuro.
“Vemos con suma preocupación la agudización de vulneración de los derechos de la niñez y la juventud en las decisiones y acciones de respuesta humanitaria en atención a la emergencia, por parte de las instituciones que conforman el SINAGER. Y la indiferencia de los entes gubernamentales garantes de la protección integral de los derechos de la niñez y juventud”, objetó.
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COIPRODEN plantea crear un plan de acción para reactivar economía
En virtud de lo anterior, COIPRODEN planteó diseñar e implementar un plan de acción para activar la economía informal y de subsistencia de familias en situación de pobreza y pobreza extrema. Lo anterior, según la red, les permitirá a estas personas el acceso y compra de alimentos e insumos para sus necesidades básicas y de sobrevivencia.
“Reiteramos nuestra demanda para habilitar y dotar de recursos los centros de salud, hospitales y unidades de atención psicológica. Dichas instituciones dan respuesta a los problemas emocionales de estrés, ansiedad o pánico que puedan presentar las NNAJ y sus familias causados por la emergencia. Asimismo, se debe despolitizar cualquier ayuda humanitaria que se entregue a las familias hondureñas. En este momento es obligatoriedad del Estado para con los sectores colocados históricamente en una posición de vulnerabilidad”, concluyó COIPRODEN.
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