Redacción. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitió este jueves un comunicado en el que se desvincula de las acciones del exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional, Juan Ramón Molina, acusado de un contrato fraudulento que habría causado un perjuicio al Estado superior a los 18.5 millones de lempiras.
Además, Molina enfrenta acusaciones en Estados Unidos por los delitos de fraude, abuso de autoridad y lavado de activos. La investigación abarca operaciones financieras transnacionales y el uso de empresas fantasmas para recibir sobornos.
Según la declaración oficial, el Cohep aseguró que la conducta de Molina no refleja los principios de la institución ni la labor de los empresarios hondureños.
El sector empresarial, en su pronunciamiento dejó claro que la creación de la Tasa de Seguridad Poblacional por parte del Congreso Nacional incorporó a un representante del sector privado, designado por la propia organización.
«El Cohep representa y defiende a los buenos empresarios y gremios de toda Honduras. La acción de una persona no puede empañar la realidad de miles de empresas que trabajan día a día por el desarrollo de nuestro país», explicó el comunicado.
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Separación
Asimismo, la institución enfatizó que los delegados del sector privado en las instancias legales y gubernamentales son seleccionados con base en su experiencia. Están comprometidos a actuar «con honorabilidad, responsabilidad y en el marco de las leyes».
El Cohep dejó claro que se desvincula completamente de la gestión de Molina, quien ha sido señalado de presuntos actos de corrupción. «En ningún caso, Cohep puede ser responsable de la conducta de este funcionario público, ya que no informó en detalle las acciones que realizaban en el Comité Técnico ni en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad», puntualizó.
Además, el sector empresarial recordó que, durante la mayor parte del tiempo en que se aplicó la Tasa de Seguridad Poblacional, los fondos recaudados estuvieron sujetos a la Ley de Secretos. Esta decisión fue respaldada por los tres Poderes del Estado y el Tribunal Superior de Cuentas.
Respaldo
En este contexto, reiteró su respaldo a las acciones judiciales emprendidas por las autoridades nacionales e internacionales contra las personas presuntamente involucradas en actividades delictivas. Al mismo tiempo, condenó la malversación de fondos públicos y cualquier forma de corrupción.
«Siempre hemos expresado que se respeten las garantías del debido proceso y la aplicación del Estado Social de Inocencia a cualquier ciudadano investigado», destacó el Cohep.
Finalmente, la Empresa Privada expresó su rechazo a lo que considera una campaña de desprestigio dirigida contra el empresariado hondureño. La institución calificó las críticas de algunos funcionarios públicos como ‘calumnias’. Además, defendió el rol fundamental que desempeña el sector privado en la generación de empleo y el desarrollo económico del país.
«En una democracia, la crítica está amparada por los derechos de expresión y opinión. Sin embargo, la continua calumnia se ha convertido en el proceder de algunos funcionarios públicos en contra del imprescindible sector productivo», concluyó el Cohep.
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