TEGUCIGALPA. La Ley de Política Limpia recibe el visto bueno del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
Esta ley ha sido creada con la finalidad de evitar el financiamiento ilegal de las campañas de los partidos políticos.
El respaldo a dicha ley, se dio a conocer este día a través de un comunicado de la institución empresarial.
El COHEP estima que la iniciativa de ley de política limpia impedirá que personas ligadas a delitos con narcotráfico, crimen organizado u otros, sigan siendo facilitadores de los recursos que se urgen para las actividades políticas.
La ley fue creada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la que aún está a la espera de su aprobación por el Congreso Nacional.
Por lo tanto, el Cohep le solicita al Poder Legislativo poner en agenda la discusión y aprobación de la ley.
Será como se fortalecerá la democracia y la transparencia en períodos políticos, indican los empresarios.
Y en víspera al año político, los empresarios mantienen las esperanzas que impere la transparencia y reglas claras.
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Ley de Política Limpia
De acuerdo a la MACCIH, esta ley es la primera innovación para poner límites a los partidos políticos para gastar en las campañas electorales.
Argumentan que en Honduras nunca se habían puesto techos a los montos que partidos y candidatos pueden gastar en una campaña política.
Con este proyecto, dice la la MACCIH, se busca evitar que el dinero ilícito penetre la política.
También señalan que en el país no existen registros confiables de contribuciones privadas para las campañas electorales y se necesita transparencia para que las aportaciones que reciban los partidos no procedan del desvío ilegítimo de las finanzas públicas, ni del crimen organizado.
En ese sentido, los partidos políticos solo podrán recibir donativos de personas o compañías que estén debidamente constituidas y con límites. Es la primera vez que se regulan las contribuciones en especie, las cuales deberán ser contabilizadas.
La ley contiene la creación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización y tendrá importantes funciones para auditar, investigar y sancionar a partidos políticos y candidatos que infrinjan las normas de financiamiento y no informen.
El titular de esta unidad especial será electo mediante un procedimiento claro y transparente, contará con veeduría de la sociedad civil y la comunidad internacional, en base a criterios técnicos. Los políticos no pueden controlar las finanzas de otros políticos, indica la MACCIH.
Además, se proponen en el proyecto de ley que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización podrá realizar las acciones necesarias, como parte de sus investigaciones, pudiendo denunciar los financiamientos ilegales al Ministerio Públicos.
Entre las medidas, contempla la expulsión de la contienda de aquellos candidatos cuya campaña sea financiada con dinero ilegal, a través de la figura de inelegibilidad sobrevenida. Por primera vez, se crea un catálogo de sanciones, con multas acumulativas hasta la cancelación del partido político.
