TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), aseguró este domingo que la amnistía a los presos y exiliados políticos que recientemente aprobó el Congreso Nacional (CN), que preside Luis Redondo, no es ningún pacto de impunidad.
Mediante un comunicado, esa organización no gubernamental (ONG), expresó que «ese instrumento de protección surge como una propuesta de la sociedad civil ante la grave situación que se enfrentan las víctimas del golpe y de la dictadura».
Asimismo, indicó que «la nueva legislatura busca poner un alto inmediato a la persecución política», en el país.
«Después del golpe de Estado, el Ministerio Público y el Poder Judicial se convirtieron en instrumentos del régimen. Iniciaron una cruenta persecución contra todo ciudadano que se opuso al Gobierno de facto y a la dictadura», señaló el COFADEH.
En ese sentido, indicó que durante todo ese tiempo promovieron juicios contra el expresidente derrocado, sus funcionarios, los ciudadanos que ejercieron su derecho a la protesta social, acciones de desobediencia civil y lucharon por la defensa de la democracia.
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Acciones por motivaciones políticas
«A todos ellos el régimen los convirtió en presos políticos, presos de conciencia, perseguidos o exiliados. Este aparato judicial politizado y envilecido, de manera vergonzosa obedece órdenes superiores. También olvidaron su condición de jueces y se convirtieron en sicarios que, bajo una apariencia de legalidad, realizan acciones por motivaciones políticas (lawfare)», cuestionó la organización.
En su documento, el COFADEH también recordó que la comunidad internacional exigió poner fin a la persecución y liberar a los presos políticos. En ese contexto, concluyeron que estos juicios son políticamente motivados y recomendaron ponerles término.
«Recientemente, la CIDH admitió la demanda contra el Estado de Honduras por el golpe de Estado y la persecución política», aseveró.
Control
Seguidamente, agregó que como organización ejercerán el control para calificar cuáles serán los casos en los que se aplicará la amnistía.
«Solo una constancia que emita el COFADEH, que contenga una relación de hechos y una justificación amplia, clara y suficiente, de la condición de perseguido o preso político del encausado, será el documento que permitirá al operador de justicia aplicar el beneficio de la misma», aseveró.
«Finalmente, queremos agradecer a la presidenta Xiomara Castro Sarmiento por haber presentado el anteproyecto de ley como una iniciativa del Poder Ejecutivo, en cumplimiento a un compromiso de su plan de Gobierno. Del mismo modo, al Congreso Nacional por haber incluido este proyecto dentro de los primeros puntos de su agenda legislativa», concluyó la ONG.
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