Redacción. El comisionado de la Policía Nacional y portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, afirmó que la lucha contra la extorsión en Honduras se enfrenta a un problema estructural.
«Se está trabajando con buenos jugadores, pero con malas reglas», dijo en referencia a las limitaciones que impone el Código Penal vigente.
Según el oficial, la actual normativa favorece la impunidad en delitos como extorsión y terrorismo, dificultando el trabajo de la Policía Nacional y el sistema judicial.
Reducción
A pesar de las dificultades, Martínez Madrid destacó que los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad han permitido una reducción del 24 % en los casos de extorsión en Honduras.
Además, mencionó que la cantidad de transportistas asesinados por este delito ha disminuido en un 16 % en comparación con inicios de 2024.
El comisionado subrayó que es necesario tipificar las acciones de maras y pandillas como terrorismo para fortalecer la lucha contra la extorsión.
Si estas modificaciones al Código Penal se concretan, las autoridades tendrían mayor margen de acción para desmantelar estructuras criminales y lograr sentencias más severas.
«El sistema judicial no está respondiendo a las necesidades de la población. Los extorsionadores deben permanecer en prisión por más tiempo y no ser liberados fácilmente», advirtió Martínez Madrid.
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Asfixiante
Por otro lado, el dirigente del transporte Wilmer Cálix denunció ayer que durante las primeras seis semanas de 2025, los transportistas de Honduras han tenido que pagar entre 40 y 50 millones de lempiras en extorsiones.
Esta preocupante cifra refleja la gravedad del problema que afecta a transportistas de todos los sectores, desde mototaxis y taxis hasta el servicio urbano, interurbano e incluso el sector VIP.
Cálix reportó 12 muertes en lo que va del año, sumando 51 fallecidos en 2024 por la violencia en el sector transporte.
La Policía Nacional pide reformas legales para mejorar la lucha contra el crimen organizado, principal fuente de violencia en el país.
