TEGUCIGALPA. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, (CODEH), Hugo Maldonado, advirtió que de no judicializarse los casos emblemáticos del país, podría verse afectado el trabajo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH).
El abogado, señaló que llaman la atención de los abogados del país para que se postulen y que la población tenga confianza que los próximos jueces serán de alta confiabilidad.
Maldonado, indicó que la Comisión Depuradora de la Policía Nacional a su discernimiento tiene tintes políticos y de preferencia. Al tiempo que dijo que “en materia laboral la junta depuradora violenta los derechos laborales a quienes despide del Ministerio de Seguridad”.
El entrevistado, añadió que el proceso es indispensable pero se debe tener una causal de despido para que el Código Laboral no sea violentado.
En ese sentido, aseveró que “solo se les puede despedir de una empresa por faltas extremadamente graves”.
Según el titular del CODEH, el Ministerio Público (MP), jamás emitió un requerimiento fiscal en contra de los supuestos que participaron en la muerte de Aristeres Gonzales y Alfredo Landaverde y sin embargo se les realizó el pago de las prestaciones, actos que a su criterio es irregular.
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En relación a la creación de una unidad de seguimiento para los policías depurados, indicó que en el país no se realizará tal cosa porque ni siquiera se puede investigar la Comisión de Delitos. Por lo que no es más que “Atol con el dedo” lo que le dan a la población.
Los casos de impacto:
1) Supuesta sustracción de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para la campaña del Partido Nacional.
2) Supuesta sustracción de 40 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH) durante el gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya (2006-2009). Caso conocido en los medios como el “Carretillazo”, porque el dinero presuntamente fue sacado de las bóvedas en una carretilla.
3) Supuesto desvío de fondos públicos para financiar el fallido proyecto de la “Cuarta Urna” del entonces presidente Manuel Zelaya.
4) Supuesta operaciones fraudulentas con los fondos del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), durante el gobierno del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
5) El supuesto tráfico gris en Hondutel y soborno para exfuncionarios de esa dependencia conocidos como los famosos personajes A y B.
6) Supuesta malversación de fondos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), que implica a dirigentes magisteriales y exfuncionarios de esa institución en gobiernos anteriores.
7) El manejo de los fondos para el financiamiento del inconcluso proyecto vial en la capital, conocido como Trans-450, durante la administración del entonces alcalde, Ricardo Álvarez (2010-2014).
8) Supuesto desvío de fondos en varios programas sociales de la Secretaría Agricultura y Ganadería (SAG) en varios gobiernos anteriores.
9) Supuestas compras amañadas de medicamentos en la Secretaría de Salud, en varios gobiernos anteriores.
10) El aterrizaje y posterior extravío de los dos misteriosos aviones: uno en el aeropuerto Toncontín y el otro en San Pedro Sula, durante el gobierno de Manuel Zelaya.
11) Caso del crimen del político y analista Alfredo Landaverde, el 6 de diciembre del 2011. Por este crimen fue sentenciado a 22 años de cárcel Marvin Noel Andino Mascareño, el gatillero que atacó a Landaverde.
12) Caso del crimen del periodista de la radio HRN, Alfredo Villatoro, el 14 de mayo del 2012. Por ese crimen, un juzgado capitalino condenó a cadena perpetua a Osman Fernando Osorio, Edgar Francisco Osorio y Marvin Alonso Gómez, miembros de una banda de secuestradores.
