Redacción. El presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, señaló que la falta de voluntad política impide una solución al conflicto en el Bajo Aguán.
El defensor de derechos humanos comentó recientemente al medio de comunicación TN5 que la problemática está lejos de terminar.
«En esta situación del Bajo Aguán parece que nunca se acabará. Estas confrontaciones son como si estuvieran en guerra. Se terminó, en parte, el narcotráfico en el sector», detalló.
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Maldonado indicó que desde el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010–2014) hay predios de palma aceitera. Pero, debido a las condiciones, no se les ha podido dar mantenimiento y no se han podido pagar los préstamos.
«Nosotros (Codeh) no estábamos de acuerdo con la medida que se estaba tomando desde Seguridad para mantener la zona en paz, que no se retirara el desarme general en el sector», aseguró.
Voluntad política
Maldonado sostuvo que no se puede culpar a la Policía Nacional de estas eventualidades: «Aquí tiene que haber voluntad política para poner orden. Aquí tiene que haber una fuerza conjunta y ver qué se puede hacer».
El presidente de Codeh concluyó diciendo que es lamentable que la situación continúe, generando luto y tristeza en familias hondureñas.
Enfrentamiento
Al menos tres personas resultaron heridas el lunes tras un enfrentamiento entre pobladores de la comunidad de Quebrada Arena y campesinos de la Plataforma Agraria, grupos que mantienen una pugna por la finca Tranvío, ubicada en Tocoa, Colón.
Con machetes, palos, piedras y disparos, los dos grupos en contienda protagonizaron un violento enfrentamiento. Miembros de la comunidad de Quebrada Arena afirmaron a medios locales que los invasores les han negado todo derecho sobre la tierra y sus cooperativas.
Los conflictos en el Bajo Aguán, una región fértil que hace medio siglo era una de las mayores productoras de granos básicos, iniciaron desde 1992 luego de que el gobierno que presidió Rafael Callejas (1990-1994) le permitió a grandes empresarios la adquisición de miles de hectáreas que el Estado le había heredado a los campesinos.
En tres décadas fueron asesinados unas 200 personas (campesinos, defensores de derechos humanos, ambientalistas, guardias de seguridad de empresas) que acaparan miles de hectáreas cultivadas con palma africana.
