CODEH pide desarme general en centros penitenciarios de Honduras

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El CODEH considera que es momento de poner un alto a la violencia en las cárceles.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Debido a los recientes enfrentamientos suscitados en diferentes cárceles del país, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, sugirió que se haga un desarme general para evitar la violencia extrema y la pérdida de más vidas.

«Como organismo de derechos humanos seguimos acompañando a los familiares y privados de libertad y seguimos diciendo que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) debe hacer un desarme general a nivel de todos los centros penitenciarios para no seguir recogiendo muertos o limpiando la sangre de los privados de libertad», manifestó en medios locales.

Asimismo, dijo que para evitar el sufrimiento y la incertidumbre de los familiares que están afuera, sugieren separar los grupos para que no haya más enfrentamientos.

«Así mantendrán la paz, el orden y la armonía en los centros penitenciarios como se hizo en CEFAS. En CEFAS, uno de los dos grupos que se confrontaron, lo trasladaron a un módulo especial en otro centro penitenciario del país. Eso me parece que es una buena actitud”, aseguró.

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No aplican reforma al artículo 184 del Código Penal

De igual forma expuso que la otra situación que pasa en Honduras es que el sistema de justicia no aplica la reforma al artículo 184 del Código Penal que hizo el Congreso Nacional (CN).

«Nosotros vemos la cuestión desde el punto de vista de los DD.HH. Si se hiciera un desarme general con responsabilidad a todos los grupos o privados de libertad, vamos a encontrar lanza granadas como la que se encontró en Támara. También vamos a encontrar AK-47 y cualquier tipo de artefacto. Entonces, la situación es que se haga con responsabilidad y que se les quite a todo mundo y que no se les devuelva para que exterminen a otros grupos», sostuvo.

A efecto de eso, el titular del CODEH reiteró que todos los privados de libertad del país son una responsabilidad del Estado y en este caso, el INP, liderado por las Fuerzas Armadas.

«Tienen una papa caliente con esa responsabilidad en los centros penitenciarios del país. Condenamos la colusión que hay con algunos guardias penitenciarios, militares o policías que se prestan para introducir armas, drogas que pongan en peligro la estabilidad y vida de los privados de libertad. Realmente esta situación no puede seguir pasando», sentenció.


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