CORTÉS, HONDURAS. «Pese a que se demostró su inocencia», nunca «se le brindó garantía», recriminó Hugo Maldonado, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), luego de la muerte violenta del empresario y político Miguel Humberto Rodríguez Carrión en San Pedro Sula.
Y es que, según el CODEH, «Miguelito» Carrión, como popularmente se le conoció, sufría «persecución política» desde hace varios años atrás, y por tal razón, salió huyendo hacia Nicaragua.
«Siempre lo acosó la Policía, siempre lo extorsionaron, siendo un empresario de bienes y raíces en San Pedro Sula. Cuando comenzó a negarse a darles dinero, comenzaron a levantarle campaña de que era un delincuente que mandaba a asesinar personas”, aseguró Maldonado.
Hugo Maldonado estuvo presente en la escena del crimen durante el levantamiento de las seis víctimas que dejó la masacre, y a medios de comunicación aseveró que él conoció personalmente a Carrión.
«El Estado de Honduras se ha comportado de una manera vil, lo conozco (Miguel Carrión) era un hombre de paz y pese a que se demostró su inocencia no se le brindó garantía», reprochó.
Al mismo tiempo, opinó que «Nunca le pudieron probar ningún delito ni afiliación de grupos de los que se decía». Y por lo tanto, «esto (su muerte) traerá severas repercusiones«. «A Miguel lo continuaban acosando a través de los órganos de seguridad», agregó.
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El CODEH era su representante legal
El defensor de Derechos Humanos reveló en exclusiva a TIEMPO Digital que «se le estaban tramitando sus medidas cautelares en el sistema interamericano», y el «CODEH era su representante legal».
«El Estado le hizo la campaña de desprestigio hasta que fue capturado en Panamá en el año 2016. Estuvo privado 18 meses hasta que un tribunal de jurisdicción nacional lo absolvió, de toda responsabilidad», aseveró.
En vida, Miguel Carrión también denunció supuesta persecución
Hasta en el 2017 volvió a Honduras luego de ser capturado en Panamá, pues lo acusaban de varios ilícitos, pero en 2018 salió libre. Sin embargo, esa vez, «Miguelito» Carrión opinó que su llevada ante los tribunales era persecución.
“Considero que es persecución política. Se dice que lo que quieren es quitarme mis propiedades para crear invasiones Y orientarlas a una cuestión política que puedan hacer grupos de apoyo que puedan hacer ciertos políticos”, subrayó Carrión el día su vuelta al país.
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