TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de que miembros de Transparencia Internacional denunciaran más de 15 irregularidades en el proyecto del Corredor Turístico, el titular de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), Miguel Gámez, justificó que la obra no se ha concluido en su totalidad debido a los actos vandálicos suscitados en los últimos meses en el país.
Actos vandálicos que terminaron en la quema de casetas y peajes instalados en dicho proyecto carretero. Según Gámez, el pago de dicho proyecto estaba estructurado en el valor financiero bajo la modalidad de peajes.
“Si en el modelo financiero estaba establecido que se iba a recuperar esa inversión a través de cierto ingreso y no tiene, no hay forma para que el inversionista pueda continuar”, aseguró el funcionario.
De acuerdo al personero, ellos anticiparon desde hace tiempo que los actos vandálicos dejarían graves consecuencias para Honduras.
“No solo de parar el proyecto sino de cómo nos ven afuera. Como esos bancos tan importantes como JP Morgan paró los desembolsos para este concesionario y el Banco Mundial a través de la aseguradora VIDA también. Esas son las consecuencias de no meditar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos para nuestra nación”, ejemplificó Gámez.
El funcionario afirmó que esas empresas están en todo su derecho de proceder a demandar al Estado. Eso, por el no cumplimiento del contrato establecido para la construcción del Corredor Turístico.
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Gámez: “Le echan tierra a Honduras internacionalmente”
“Estoy indignado porque le echan cieno (lodo blando) a una institución que es noble, y sana. Le están tirando tierra a Honduras porque afuera los inversionistas como creen que nos ven”, cuestionó el entrevistado.
A efecto de eso, apuntó que hay cinco empresas interesadas en desarrollar otros proyectos en Honduras que están preocupadas.
“Preguntan qué va a ocurrir con los proyectos de APP, si los vamos a parar o si van a continuar. El presidente ha dicho que Honduras es responsable de su acto y nos ha dado instrucciones precisas de que este proyecto va a continuar. El proyecto no va a quedar inconcluso, sino que es una obligación del Estado terminarla pero bajo otros esquemas. No podemos nosotros en este momento que están en etapa de negociación”, manifestó el comisionado.
Igualmente, dijo que el nuevo concedente de ese proyecto es INVEST y COALIANZA solo estructura proyectos. Pero quien le da control y seguimiento es INVEST. Así como también la súper intendencia de las Alianzas Públicos-Privadas.
Gámez descartó que INVEST haya recibido algún beneficio extra con dicho proyecto.
“Esas son las cosas que se mal informan. No ha recibido ningún centavo de beneficio esta empresa porque toda la inversión que hay allí es privada y no del Estado hondureño”, apuntó.
Por tal razón, el titular de COALIANZA acusó que detrás de esas denuncias hay trasfondos políticos. Asimismo, estableció que el proyecto se paró porque no hay pagos para las empresas constructoras.
“El proyecto se llama diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y transferencias. Las personas que presentaron ese informe confunden la Ley de Contratación del Estado con la Ley de COALIANZA”, señaló Gámez.
Aún no hay fecha para entregar el proyecto
Por otro lado, indicó que hasta los momentos no tienen una fecha establecida para entregar dicho proyecto vial.
“Esto está en la etapa de negociación y de determinación anticipada. Eso requiere de mucho tiempo. Yo no estoy negociando. COALIANZA está fuera de todo esto. Debemos ser serios y responsables. Ese contrato no lo ha asumido Miguel Gámez ni la administración actual. COALIANZA es una sola, y el gobierno también”, expresó.
De igual forma, especificó que no sabe de dónde salen los 100 millones de dólares que habla Transparencia Internacional (TI). Afirmó que es totalmente falso el informe presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y TI
“No quiero decir que es mal intención, sino que es desconocimiento. Creo que los sorprendieron. Insisto en que hay que leer bien la Ley de Contratación del Estado”, sostuvo el compareciente.
Para finalizar, expuso que un contrato de APP tiene ciertas diligencias que se pueden hacer ajustes mientras no se haya hecho el cierre financiero.
“El proyecto de APP responde a un cierre financiero y ese es el que va a decir cómo se va a mover la inversión y como se va a mover la recuperación. Una APP es un costo fijo y no se va a cambiar. Cuando se opera y se hace una oferta se dice voy a cobrar un valor x para recuperar. Eso no lo pueden cambiar. Es un valor fijo y es una ventaja de la APP contraria a una contratación tradicional que existe, lo que se llama clausura escalatoria. Mayores costos. El contratista que haga esa oferta se tiene que proteger porque todos sabemos que en Honduras hay inflación”, concluyó el funcionario.
