Redacción. El caso de Koriun Inversiones ha desatado una fuerte ola de críticas contra el Ministerio Público (MP) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), luego de que se revelara que la empresa, sin estar autorizada como entidad financiera, captó dinero de unas 30,000 personas en Honduras ofreciendo supuestos rendimientos semanales.
El fiscal general Johel Zelaya anunció públicamente que el papel del MP en este caso será el de “veedor”, lo que expertos han interpretado como una renuncia al deber de investigar y perseguir el delito. “Hablar de que el Ministerio Público será veedor, como si se tratara de una oficina de observación, es preocupante”, expresó el ex fiscal general Edmundo Orellana.
El profesional lanzó duras preguntas desde su cuenta en X: “¿Por qué no se ha iniciado el proceso judicial si el MP intervino tras una denuncia de la CNBS? ¿Se puede devolver el dinero sin autorización judicial? ¿Es legal la devolución por liquidación si la empresa no es financiera?”.
Orellana también expresó a medios de comunicación que resulta alarmante que Koriun continúe operando, aun después de que el propio fiscal general reconociera públicamente que su actividad es ilegal. “Eso no está bien, no ayuda a la seguridad jurídica del país”, señaló.
A su juicio, resulta contradictorio que no haya acusaciones formales ni capturas, pese a que las operaciones de la empresa fueron calificadas como ilegales. “¿Por qué si lo que hace Koriun es ilegal, sigue funcionando? ¿Y si los socios responden penalmente, por qué nadie ha sido acusado?”, cuestionó.
Más críticas
El abogado Kenneth Madrid también criticó la postura del Ministerio Público, al advertir que su rol está claramente establecido en el Código Penal. “El MP no está para mediador o conciliador, está para hacer cumplir la ley. No hacerlo genera duda en la sociedad”, sentenció.
Por su parte, el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, confirmó que hay responsables y que se siguen investigaciones con cierta reserva, pero sin avances visibles hasta ahora.
Desde que se conoció el caso, la CNBS confirmó que Koriun no tiene autorización legal para captar fondos del público, y que los inversionistas no están protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE). No obstante, la empresa continuó sus operaciones en Choloma, Cortés, sin contar tampoco con el permiso de operación municipal. Posteriormente, la Alcaldía informó que estos permisos se encontraban “en trámite”.
Edmundo Orellana ha continuado con sus preguntas: “¿Cree usted que lo actuado por las autoridades está de acuerdo con la ley? ¿Cree que este caso socava la seguridad jurídica?”.
Según analistas, el manejo del caso ha estado erróneo desde el inicio, y de no corregirse el rumbo, se fortalecerá la desconfianza de la sociedad.
