CNA denuncia supuesta corrupción legislativa al aprobar el Código Penal

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Varios representantes de sociedad civil, sectores organizados, dirigentes políticos y representantes de la iglesia católica acompañaron al CNA.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y organizaciones sociales, políticos  y representantes de la iglesia católica denunciaron ante la Unidad Especial de la Fiscalía de Honduras Contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic) una supuesta corrupción legislativa en la aprobación del Código Penal.

La directora del CNA, Gabriela Castellanos presentó en conferencia de prensa una serie de supuestas irregularidades cometidas durante «el proceso de discusión y votación en cada uno de los artículos, capítulos y títulos que conforman dicho instrumento legal».

A juicio del CNA los diputados realizaron los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos; además, señaló a los presuntos responsables de esas irregularidades. Citó entre ellos a Mauricio Oliva, Mario Alonso Pérez, Tomás Zambrano, Román Villeda. También,  el exdiputado Alexander Agapito Rodríguez.

Irregularidades

En la denuncia ya presentada, Castellanos  señaló que se pudo «evidenciar una serie de irregularidades. Estas cometidas durante el proceso de discusión y votación en cada uno de los artículos, capítulos y títulos de dicho instrumento legal».

Según Castellanos, todo comenzó el 17 de mayo de 2016, cuando el diputado Mauricio Oliva Herrera, presentó ante la cámara legislativa, el dictamen que contenía el proyecto de Código Penal.

Los diputados comenzaron con la discusión de los primeros siete artículos y seguidamente con la dispensa de dos debates. La suspensión, según el CNA, se aprobó con la votación de únicamente 42 votos a favor, 1 abstención, 36 votos en contra y 49 no votaron.

Para Castellanos, este proceder constituye “los primeros vicios que restringieron y tergiversaron la voluntad de las mayorías en el Congreso Nacional”.

Ley Orgánica

Igualmente, la modalidad contraviene lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En esta norma “se prescribe que para la aprobación de toda decision  deberá ser con la mayoría simple».

Así se pudo observar que también se presentaron “violaciones a los artículos l 1, 2, 5, 7, 10, 29, 30, 31. Igualmente, el 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, entro otros”.

De igual manera, el CNA dijo haber constatado que artículos publicados en el Decreto 130-2017, nunca fueron discutidos. Ni mucho menos aprobados, especialmente los referentes a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Castellanos señaló que el 2 de agosto de 2017, los diputados aprobaron con 70 votos a favor de 128 diputados autorizados, varios articulados. Entre ellos, lo concerniente al de Malversación de Caudales Públicos. Consignaron penas que oscilaban entre los 6 a 9 años de prisión.

Sin embargo, todo fue un plan preconcebido para delinquir, afirmó Castellanos.

Sostuvo que ese plan se concretó en la session de 8 de agosto de 2017. En ella el ex diputado Agapito Rodríguez, presentó una moción de reconsideración al acta del 2 de agosto.

Improcedente

“La acción jurídicamente era improcedente, ya que la figura de “reconsideración”, en base al artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, únicamente operará cuando se pretenda hacer una corrección de forma o redacción, pero en ningún momento el fondo del asunto, tal es el caso sobre la disminución de penas en artículos que garantizan el buen funcionamiento de la Administración Pública”.

A pesar de esa aberración Jurídica, el diputado Román Villeda, sometió a votación la reconsideración del acta, agregó Castellanos. Luego el diputado dio por aprobada con el voto favorable de únicamente 52 diputados de los 128 autorizados. La supuesta irregularidad, según Castellanos, quedó en evidencia en el acta oficial del Congreso Nacional.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) dijo a la prensa que dichas acciones fraudulentas se subsumen en los tipos penales de Abuso de Autoridad y Falsificación de Documentos Públicos.

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