Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se pronunció en relación a las denuncias que llegaron en cajas el pasado junio a sus instalaciones, dónde se implica al expresidente Manuel Zelaya Rosales.
El el pronunciamiento afirman que las acusaciones presentadas por el Ministerio Público (MP) ante el poder judicial contra «Mel» Zelaya han sido sobreseídos; teniéndose como fundamento el Acuerdo de Cartagena.
Cabe recordar que el pasado 18 de junio de manera anónima llegaron cajas al CNA exhortando la investigación sobre el gobierno del 2003 al 2009. Entre las acusaciones habían líneas de investigación contra Zelaya, actual coordinador del partido Libertad y Refundación.
En su momento, el ex mandatario se burló de las acusaciones. Asimismo, aludió el hecho a la cancelación de visas y al caso Pandora.
Por su parte, el CNA comunicó que al momento de revisar las cajas «se pudo constatar que el contenido de las mismas eran informes remitidos en años anteriores por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) Y el Ministerio Público (MP)».
El pronunciamiento añade «exhortamos a los entes persecución del delito, para que judicialicen todas aquellas causas que se encuentren en el olvido; sin importar quiénes sean las personas involucradas.»
También, manifiestan su compromiso de investigar cualquier gestión de funcionarios públicos. Para comprobar la utilización fondos en actos de corrupción.
A continuación el comunicado integro:
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Acuerdo de Cartagena
El Acuerdo de Cartagena se dio en mayo de 2011. En la reunión se presentaron los presidentes Juan Manuel Santos y Porfirio Lobo. Así como el expresidente José Manuel Zelaya.
El acuerdo se dio como una solución de la crisis política hondureña luego del golpe del estado. Con el fin que Honduras regresará a los organismos regionales y multilaterales. El acuerdo contempla cuatro puntos fundamentales:
Primero: reconociendo la crisis política antes.
Segundo: garantizar al expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Así como a los exmiembros de su gobierno, el ejercicio de todas las garantías contempladas en la Constitución de la República y las leyes de Honduras. De igual manera todas sus libertades de acción política.
Tercero: Reafirmando el compromiso asumido por el Gobierno de Honduras de garantizar el proceso de fortalecimiento de la vida democrática del país con participación política en igualdad de condiciones.
Cuarto: Admitiendo que durante la crisis política ha habido personas que estiman haber sido afectadas por la vulneración de sus derechos humanos.
Asimismo, el documento indica que “ambas instituciones renuncian a presentar recurso de amparo, así como su admisión por parte del Tribunal, con lo cual la decisión judicial es definitiva”.
