Tegucigalpa. La sesión de este miércoles en el Congreso Nacional inició con más de dos horas de retraso y se centró en la lectura de proyectos en primer y segundo debate, así como en la presentación de varios anteproyectos de ley.
Aunque estaba programada para las 10:00 de la mañana, comenzó pasadas las 12:00 del mediodía debido a que las autoridades ingresaron con demora y no se alcanzaba el cuórum necesario para arrancar.
El inicio contó con la presencia de 68 diputados de distintas bancadas, número que fue disminuyendo conforme avanzaba la jornada.
Hugo Noé Pino, presidente en funciones ante la ausencia del titular Luis Redondo, criticó fuertemente a sus compañeros por la falta de compromiso.
“Hago un llamado a cumplir con sus responsabilidades en el Congreso. Es una vergüenza que se convoque a una hora y siempre haya excusas de una u otra naturaleza para no presentarse. Somos 256 diputados (incluidos suplentes) y tenemos que esperar horas para completar el cuórum. Debemos hacer una reflexión”, expresó.
Durante la sesión, únicamente se leyeron distintos dictámenes en primer y segundo debate, entre ellos la Ley de Hidrocarburos.
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Proyectos
Pese a la baja asistencia de congresistas, se presentaron diversos anteproyectos de ley, destacando una propuesta que busca exonerar de impuestos arancelarios a los migrantes hondureños deportados.
Germán Altamirano, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) y proponente de la iniciativa, explicó que el objetivo es permitir que los hondureños deportados puedan traer consigo sus pertenencias.
“Cuando los deportan, dejan tiradas sus cosas y estas se malvenden, porque cuesta más traerlas que su propio valor. Lo que proponemos es que no tengan que pagar impuestos arancelarios y estén libres de todo tipo de gravámenes”, detalló.
Agregó: “Que un amigo o familiar pueda enviarles herramientas de trabajo, vehículos. Pero que no se convierta en una actividad comercial, sino que sea para uso personal”.
Altamirano precisó que la propuesta está enfocada únicamente en migrantes deportados, no en quienes decidan retornar voluntariamente, y que establece un plazo de seis meses desde la emisión de la orden de deportación para acogerse al beneficio.
La próxima sesión del Congreso quedó programada para el martes 6 de mayo a las 3:00 de la tarde.
