Tegucigalpa, Honduras.- La no aprobación de la adhesión de Honduras al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones, generó opiniones divididas de distintos sectores de la sociedad hondureña.
Y es que la noche del miércoles 20 de agosto, el Congreso Nacional, en altas horas de la noche, fracasó en la aprobación de la adhesión de Honduras al Protocolo. Con 65 votos en contra y 41 a favor, el proyecto no logró la mayoría requerida, cerrando así un debate que enfrentó posiciones encontradas entre oficialismo y oposición.
Los diputados de la oposición argumentaron que ese protocolo no fue aprobado en 130 países y que Honduras no lo iba a aprobar porque lo consideran lesivo a los derechos de los niños y niñas.
El ambiente se tensó desde el inicio. La discusión giraba en torno al dictamen enviado por el Poder Ejecutivo, que buscaba que Honduras se adhiriera al protocolo adoptado por la Asamblea General de la ONU en 2011.
El protocolo en cuestión permite a niños, niñas y adolescentes presentar denuncias individuales ante el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, siempre que consideren que sus derechos han sido vulnerados y no encuentren justicia dentro del sistema judicial de su país.
Antecedentes
La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Es el tratado internacional de derechos humanos más ratificado en la historia, con 196 Estados que ya lo han adoptado. Honduras lo firmó y ratificó en 1990.
La Convención reconoce derechos fundamentales de la niñez y establece deberes de los Estados para garantizar su protección. Además, se complementa con protocolos facultativos que abordan aspectos específicos.
El primero es el Protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados, del 2002, y fue ratificado por 173 Estados. Ese mismo año, como segundo establecieron el Protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ratificado por 178 Estados.
Te puede interesar: CN fracasa en intento de adherir a Honduras a protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño
Tercer Protocolo
Finalmente, el tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones (OPCP) fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 2011 y entró en vigor en 2014. Solo 53 Estados lo han ratificado hasta la fecha.
Este protocolo, también conocido como el tercer protocolo facultativo, permite a niños, niñas y adolescentes presentar quejas directamente ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU si consideran que sus derechos, reconocidos en la Convención, han sido violados y no han obtenido reparación a nivel nacional.
Según la ONU, los Protocolos facultativos son instrumentos que refuerzan las normas y obligaciones contenidas en el articulado de dicha Convención y que ofrecen una mayor protección y apoyo especial a los niños, niñas y adolescentes.
Lee también: “Honduras necesita paz”: Padre Leopoldo Serrano bendice a diputados y pide diálogo en el Congreso Nacional
¿Qué establece?
Los Estados parte en el presente Protocolo deberán reconocer la competencia del Comité conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo, el cual, según el mismo Protocolo, no ejercerá su competencia respecto de un Estado, de acuerdo con la ONU.
Al ejercer las funciones que le confiere el presente Protocolo, el Comité se guiará por el principio del interés superior del niño. También tendrá en cuenta los derechos y las opiniones del niño, y dará a esas opiniones el debido peso, en consonancia con la edad y la madurez del niño.
Indica que los Estados parte adoptarán todas las medidas que procedan para que las personas sujetas a su jurisdicción no sean objeto de ninguna violación de sus derechos humanos, maltrato o intimidación como consecuencia de haberse comunicado con el Comité o de haber cooperado con él de conformidad con el presente Protocolo.
Procedimiento de comunicaciones
Las comunicaciones podrán ser presentadas por, o en nombre de, personas o grupos de personas sujetas a la jurisdicción de un Estado parte que afirmen ser víctimas de una violación por el Estado parte de cualquiera de los derechos enunciados en cualquiera de los instrumentos en que ese Estado sea parte.
El Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de las partes interesadas con miras a llegar a una solución amigable de la cuestión sobre la base del respeto de las obligaciones establecidas en la Convención y en sus Protocolos facultativos.
Apertura
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que el aprobar la adhesión al Protocolo estaría en contra de los valores de la mayoría de los hondureños.
“Le da vida a un comité con jurisdicción internacional, derivado de este protocolo a que nos llevaría este comité a responsabilizar al país por algunas acciones, o por alguna legislación o por algunas decisiones que no aprobemos en el Congreso”, indicó.
Agregó: “como qué decisiones puede determinar este comité, el tratamiento hormonal para niños y niñas en Honduras, el cambio de sexo para niños y niñas, el cambio de nombre de niño a niña y de niña niño. Ustedes lo que aprueban es la perversión de la familia, la perversión de la niñez”.
Zambrano sostuvo que el Protocolo atenta contra la soberanía y “contra la decisión de padres de familia sobre sus niños y su niña”.
Sociedad civil
Organizaciones sociales se pronunciaron en contra de la adhesión al protocolo, alegando falta de transparencia en el proceso y el riesgo de entregar competencias nacionales a organismos internacionales.
Un comunicado difundido por asociaciones de Por Nuestros Hijos, quienes fijaron su postura en contra por ser un mecanismo que transfiere competencias nacionales a un comité extranjero altamente politizado.
“Fue impulsado sin debate público ni transparencia, lo que constituye un atropello a la democracia. Honduras no debe someter el futuro de su niñez a un grupúsculo de burócratas internacionales con agendas ideológicas ajenas a nuestra realidad”, reza el escrito.
Alertas
La representante de una de esta asociación, Patricia Banegas, expresó su rechazo de manera enfática y dijo que se encendieron las alarmas.
“Realmente estamos consternados y asustados. ¿Cómo es posible que en la noche y en la oscuridad, se hayan estado tomando estas decisiones? Gracias a Dios no fue ratificado, pero ha encendido las alarmas”, sostuvo.
Continuó señalando que “no estamos en contra de los derechos de los niños, al contrario, estamos a favor, pero no es posible que quieran dejar decisiones tan importantes en manos de un comité de 18 personas extranjeras que no tienen nada que ver con nuestro país. Para eso tenemos jueces y fiscales en Honduras”.
Banegas advirtió además sobre lo que, según ella, podría ser una deriva hacia decisiones que afectan la soberanía familiar.
“Esto ya ha sucedido en otros países. Lo que viene desde arriba se quiere imponer en Honduras. Eso puede llevar a que mañana un niño, sintiéndose confundido, puedan inducirlo a tomar decisiones sobre su cuerpo sin el acompañamiento adecuado de su familia. Los padres estamos en pie de lucha y vamos a defender a nuestros hijos”, finalizó.
Personal técnico
La diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, expresó que un equipo de expertos tiene que realizar un análisis para evitar debates y haya una mayor claridad del Protocolo.
“Hay un pésimo manejo por parte del presidente del Congreso (Luis Redondo) alrededor de un tema sensible, en el cual, pues el pleno primero no sabíamos que se iba a discutir este tema, aunque ya estaba para tercer debate. Es un tema que requiere de personas que puedan tener conocimiento técnico, porque hay muchos mitos alrededor de este protocolo facultativo”, comenzó diciendo.
La togada es del criterio de que un protocolo facultativo es una herramienta para poder reforzar el cumplimiento de una Convención.
“Por falta de conocimiento técnico de lo que implica, desafortunadamente no pasó su ratificación, pero hay que decir que es una lástima porque podemos ver en el contexto nacional cómo los niños y las niñas son quienes viven en un contexto de mayor vulnerabilidad donde hay un abandono del Estado”, concluyó.
Patria potestad
Yuri Sabas, diputado por el Partido Liberal, afirmó que no están de acuerdo con el Protocolo porque afecta la patria potestad de los menores.
Sabas expresó que firmar la adhesión de Honduras podría significar mayores presiones para el Estado.
“No podemos suscribir un acuerdo que abra esa posibilidad. Yo digo que el acuerdo sólo es para eso, pero esa posibilidad recuerde usted que los acuerdos y convenios están por encima de la Constitución y dice que le da más derechos. En otros países consideran que tienen etapa de sucesión”, cerró.
Ignorancia
Wilmer Vásquez, titular de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), señaló que los parlamentarios tergiversaron el Protocolo.
“Lamentamos que diputadas y diputados hayan tergiversado el contenido de este Protocolo Facultativo. Eso sólo contribuye a la desinformación pública, y sobre todo lo que hicieron fue evidenciar que el interés es superior al del niño y la niña”, apuntó.
Vásquez señaló que en la sesión del miércoles prevalecieron los intereses políticos frente a quien proponía esta ratificación del protocolo que, según él, significa una oportunidad para los infantes.
“Lo único que permite es que cuando las niñas y los niños en el país sean vulnerados de sus derechos, si no hay una respuesta de parte del Estado, que no haya justicia en función de la vulneración de derechos, ellos o representantes, iban a poder acudir de manera directa ante el comité de derechos del niño de las Naciones Unidas para interponer esta denuncia”, apuntó.
Finalizó indicando que “no conocen los Protocolos facultativos. No conocen los compromisos que ha suscrito el Estado de Honduras. Evidenciaron que la niñez y adolescencia no son una prioridad en la agenda de sus bancadas o de sus partidos políticos. Mucho menos de sus planes de gobierno”.
Desconocimiento
Por su parte, la ministra de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Lizeth Coello, lamentó que el Congreso Nacional rechazara la aprobación de la adhesión de un protocolo facultativo relativo a los derechos de la niñez.
“Se hace desde precisamente el desconocimiento, aludiendo a situaciones que nada tienen que ver. Este tercer protocolo facultativo es un instrumento que se suma a la convención internacional de derechos del niño como Estado de Honduras. Firmamos en 1990”, expresó.
Para la funcionaria la adhesión del Protocolo le daría un prestigio al país en la protección de los derechos de los niños y niñas.
“Deben estudiar sobre derecho de los niños en general, porque es evidente que hay un desconocimiento. Necesitamos leer más, informarnos más sobre qué es el derecho a los niños y las niñas y la denuncia. Solo dejan evidencia una ignorancia en materia de derechos”, cerró.
