REDACCIÓN. El Colegio Médico de Honduras (CMH) le solicitó a la presidenta Xiomara Castro, que accione urgentemente contra los colectivos simpatizantes de su Gobierno, que mantienen tomados varios centros de salud y hospitales, impidiendo así el acceso a la salud.
El Colegio Médico emitió un comunicado a través del cual refiere que estos llamados colectivos están violentando el derecho a la salud de la población hondureña.
«El día 6 de julio del 2023 se tomaron áreas administrativas del Hospital General San Felipe (…) impidiendo el acceso de pacientes y el desempeño normal de labores por parte del personal de salud del mismo», reza parte del documento.
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Consecuentemente, el comunicado refiere que las tomas se están efectuando en varios
establecimientos de salud desde hace varios meses, «sin que las autoridades del ramo
hayan adoptado medidas para evitarlas».
Por consiguiente, el CMH remarcó el hecho de que estas tomas «generan una grave violación al derecho a la salud de la población» al no posibilitar el acceso a los servicios de salud y la consecuente atención médica.
Es así que a través del comunicado recordaron que el derecho a la salud es tutelado en la Constitución. Asimismo, aparece en los tratados intencionales de derechos humanos, «cuya violación acarrea responsabilidad para el Estado».
Inacción de autoridades
El secretario general de la Secretaría de Salud, Allan Pineda, mencionó que han realizado diversas denuncias, pero que las autoridades no han accionado al respecto.
«En abril, mayo, nuevamente en junio y en julio se han presentado denuncias contra las personas que se toman los centros asistenciales. Es el Ministerio Público que no hace nada contra estas personas», manifestó.
Por consiguiente, los directores de los 64 centros de salud de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, solicitaron una reunión con el secretario de Salud. Buscan abordar la problemática actual. Sin embargo, aún no obtienen respuesta ante tal solicitud.
Llamado a las autoridades
«Se hace nuevamente un llamado a la presidenta de la República en su condición de administradora general del Estado, para que ordene las medidas inmediatas para el cese de tal violación a los derechos humanos».
También, «a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, para que cumpla eficazmente con su mandato. A su vez, que instruya las medidas conducentes para que se asegure el goce a la salud de la población hondureña», finaliza el comunicado.
