Colegio Médico pide investigar empresas que venden medicamentos por Internet

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CMH
La ley establece de 1 a 3 años de prisión.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Colegio Médico de Honduras (CMH) pidió que se realice una intervención a empresas que venden medicamentos sin receta médica en Internet.

A través de un comunicado de prensa, el CMH especificó que el Código Penal establece que se castiga con tres años de cárcel a quien venda medicamentos sin prescripción facultativa. De igual manera, a quien comercialice sustancias medicinales sabiendo que han perdido sus propiedades terapéuticas.

En ese sentido, el CMH pidió al Gobierno y al Colegio Químico Farmacéutico realizar las inspecciones necesarias en el Internet y en las droguerías. También en cadenas de farmacias y establecimientos relacionados.

El comunicado asegura que la solicitud tiene como finalidad “suprimir el uso de aplicaciones informáticas que se promocionan masivamente al público en general”.

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Ley Marco del Sistema de Protección Social 

En el año 2015 el Congreso Nacional (CN) aprobó la Ley Marco del Sistema de Protección Social.

La misma tiene por objetivo crear el marco legal de las políticas públicas en materia de protección social, en el contexto de los convenios, principios y mejores prácticas nacionales e internacionales que rigen la materia, a fin de permitir a los habitantes, alcanzar de forma progresiva y sostenible financieramente, una cobertura digna, a través de la promoción social, prevención y el manejo de los riesgos que conlleva la vida de las personas, asegurando la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia; y los demás derechos sociales necesarios para el logro del bienestar individual y colectivo.

Por tal razón, la Ley Orgánica del CMH señala que le corresponde a este ente investigar y denunciar la propaganda ilícita de los profesionales médicos y de las personas que ejerzan ocupaciones paramédicas. Así como la venta sin prescripción facultativa de los productos que la requieran de acuerdo con la Ley. Con el fin de que la población no se vea en la situación de riesgo al adquirir productos para los cuales se requiere especial pericia para determinar su consumo.