Redacción. La legislatura de Texas está cerca de aprobar una de las leyes más estrictas contra el aborto en Estados Unidos, ya que el proyecto busca criminalizar la distribución de pastillas abortivas e incentivar a los ciudadanos a denunciar a proveedores mediante un sistema de recompensas que podría alcanzar los 100.000 dólares (unos 2.5 millones de lempiras).
La propuesta ya fue aprobada en el Senado estatal y se encuentra en discusión en la Cámara de Representantes, paso previo a ser enviada al despacho del gobernador para su sanción.
En concreto, la iniciativa tipifica como delito la «manufactura, el envío, la distribución, el transporte y la receta» de píldoras abortivas tanto dentro de Texas como desde otros estados hacia su territorio.
Uno de los puntos más polémicos de la ley es la figura de participación ciudadana. El texto establece que cualquier residente podrá presentar demandas civiles contra médicos, compañías o individuos que participen en el suministro de estos medicamentos.
En caso de que la acción legal prospere, el denunciante recibiría una compensación de hasta 100.000 dólares (L2.5 millones), un monto que representa más de 300 veces el salario mínimo mensual en Honduras.
La propuesta también establece que las autoridades no podrán señalar judicialmente a las mujeres embarazadas ni a quienes consuman las pastillas. Además, indica que esta protección aplica incluso si el embarazo termina en un aborto espontáneo.
El objetivo, según los promotores de la iniciativa, es responsabilizar únicamente a quienes fabriquen, receten o distribuyan los fármacos.
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Debate de ley en Texas
El debate ocurre en un contexto nacional de creciente polarización sobre los derechos reproductivos.
Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el histórico fallo Roe vs. Wade en 2022, varios estados han aprobado restricciones más severas. Sin embargo, Texas se posiciona entre los más estrictos por incluir recompensas económicas para los denunciantes.
Organizaciones conservadoras celebran el avance del proyecto al considerarlo un paso firme para “proteger la vida desde la concepción”.
En contraste, grupos defensores de los derechos de las mujeres y de la salud reproductiva denuncian que la medida fomenta la persecución y abre la puerta a abusos. Además, advierten que limita el acceso a servicios médicos esenciales, especialmente en comunidades rurales y de bajos recursos.
Si la Cámara de Representantes aprueba la ley, esta entrará en vigor en los próximos meses, consolidará a Texas como un referente de las políticas antiaborto más estrictas del país y generará un precedente que otros estados con mayorías conservadoras podrían replicar.
