San Pedro Sula, Honduras. Luego de que la Corte Suprema de Justicia dictara sobreseimiento definitivo a los 9 imputados por el Ministerio Público por el proyecto habitacional Ciudad Jaraguá, sus principales ejecutivos manifestaron su conformidad con el fallo.
Antonio José Oviedo Prieto y César Octavio Elvir Prieto enviaron un mensaje de tranquilidad a los cientos de clientes, residentes y accionistas de las empresas desarrolladoras en USA, España y Canadá.
Además, Elvir Prieto pidió a la Municipalidad enfocar sus recursos en promover los proyectos de construcción como Ciudad Jaraguá, que genera más de 7,000 empleos directos y con el potencial de generar miles más, conforme avanza su construcción.
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«En momentos que nuestro país enfrenta una crisis de empleo que obliga a nuestros compatriotas a huir del país. Proyectos como Ciudad Jaraguá vienen a hacer un derrame de bienestar en las clases sociales menos favorecidas del país, creando valor para la comunidad», indicó.
Por su parte, Antonio José Oviedo Prieto instó a las autoridades a regular el crecimiento de la población que vive actualmente en la zona núcleo de la cordillera de El Merendón. Además, pidió al Ministerio Público «perseguir los verdaderos problemas ambientales de la ciudad».
De igual manera, agradeció el apoyo mostrado por la Cámara de Comercio de Cortes (CCIC) y la Cámara de la Industria de la construcción (CHICO).
Los Ejecutivos de Ciudad Jaraguá fueron acusados por delitos contemplados en la Ley forestal. Sin embargo, ellos lograron demostrar cómo los Proyectos han venido cumpliendo con todo el estamento legal impuesto por la División Municipal Ambiental y por la Municipalidad de San Pedro Sula.
Los ingenieros José Luis Gutiérrez y Wilfredo Umanzor, director técnico y contratista del proyecto respectivamente, demostraron su inocencia mediante la presentación de la documentación pertinente.
A la ingeniera Cristy María Raudales Barahona, exdirectora general de la División Municipal Ambiental, y al ingeniero Fausto Daniel Bográn Cárcamo, exejecutivo de esta dependencia, también se les dictó sobreseimiento definitivo por falta de pruebas.
Lo mismo ocurrió con los técnicos de DIMA, Samuel Alexander Fajardo Escalante, Martin Ramos Galo Roldan y Santos Turcios García.
Inconsistencias de la parte acusadora
De acuerdo con el informe, la parte acusadora demostró incompetencia en la formulación de los delitos, pues basaron su tesis acusatoria en leyes ya derogadas y, por lo tanto, inexistentes.
Además, no se pudo comprobar que alguno de los 5 funcionarios municipales cometiera delito alguno. Se habría demostrado que todos actuaron conforme a Derecho.
La tesis de la Fiscalía de que se trataba de un solo proyecto dividido en tres para no ser categorizados cuatro, fue desvirtuada, al demostrarse que se trataba de 3 terrenos distintos pero colindantes, comprados con una diferencia de hasta 10 años, por 2 empresas desarrolladoras.
Por su parte, la defensa de los funcionarios argumentó que la categorización de los 3 proyectos en 2015 siguió el procedimiento normal multi institucional del SINEIA (Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental).
En este proyecto participaron:
- Mi Ambiente con su representante en la zona
- La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
- El Instituto Hondureño de Antropología e Historia
- Cuerpo de Bomberos
- División Municipal Ambiental (DIMA)
- Oficiales Municipales, entre otros.
Durante el juicio se demostró que el proyecto no se encuentra en la zona de Reserva del Merendón. Su ubicación corresponde al casco urbano de San Pedro Sula como un sector ZR III.
También, se demostró que la planta de tratamiento de Aguas residuales de Ciudad Jaraguá es un importante avance para la sanitización del río Zapotal.
