BRASIL. Con disparos desde helicópteros, vehículos blindados con soldados o a quemarropa, policías de Río de Janeiro mataron a 558 personas durante los primeros cuatro meses de este año, la cantidad más grande en ese periodo desde que las autoridades iniciaron el conteo hace más de dos décadas.
Esta cifra reciente sucede después de años en los que las autoridades federales y locales instauraron políticas que disminuyeron significativamente los asesinatos.
Sin embargo, debido a que el país cayó en una profunda crisis económica y política en 2014, se agotaron los recursos para los programas de seguridad. Las bandas de delincuentes reclamaron los territorios que perdieron en Río y estalló la violencia en todo Brasil; el año pasado fueron asesinadas más de 51 mil 500 personas.
Los votantes acudieron a las casillas en octubre y brindaron su respaldo a los candidatos que prometieron combatir la violencia; relajando los reglamentos para la portación de armas de fuego y permitiendo que la policía les disparara a los sospechosos armados.
De acuerdo con las estadísticas del estado, en 2018 la cantidad de personas asesinadas por la policía en Río de Janeiro llegó a un máximo de mil 538, casi cinco al día.
El nuevo gobernador del estado, William Witzel, citó la cifra de reducción general de los homicidios para sustentar que esa estrategia estaba funcionando.
«Vamos en la dirección correcta”, escribió Witzel en Twitter el martes pasado, celebrando la reducción de los homicidios y de otros delitos. “Vamos a seguir preservando la vida y la libertad de nuestras familias”.
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Rutina
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, prometió darle a la autoridades más facultades en contra de los delincuentes.
Witzel señaló que los oficiales deberían estar autorizados para abrir fuego sobre cualquier delincuente que portara un arma. “La policía hará lo correcto: ¡apuntarles a su cabecita y disparar! Así no habrá pierde”, le dijo en noviembre a un diario local.
En marzo, Witzel anunció que habían desplegado por todo el estado a francotiradores encubiertos.
Sin embargo, algunos legisladores y activistas locales en las comunidades han sido blanco de operaciones violentas de los agentes policiales. Ellos confirmaron que los oficiales llevan a cabo asesinatos extrajudiciales de forma rutinaria.
«En las favelas y otras zonas de la periferia se están realizando ejecuciones sumarias”, afirmó Renata Souza, representante estatal. Asimismo, exhortó a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos a que investigaran el asunto.
Impunidad
El despacho del fiscal del estado creó un grupo de trabajo en 2015 para investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza. Desde entonces, la policía ha matado a más de cuatro mil personas en el estado. Esta unidad acusó de homicidio a 72 oficiales; de ellos, al menos 19 quedaron absueltos y ninguno está en la cárcel.
Paulo Roberto Cunha, director del grupo de trabajo, señaló que su equipo enfrentaba una carga de trabajo abrumadora; investigaciones forenses deficientes y la renuencia de muchos testigos que temen a las represalias de los miembros policiales.
En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acusó a Brasil de no investigar las muertes sospechosas perpetradas por la Policía y le ordenó que lo hiciera.
Desde hace mucho tiempo, Río de Janeiro ha sido un estado sumamente complejo para la Policía. Decenas de distritos, en los que hace décadas se instalaron asentamientos ilegales y que llevan mucho tiempo abandonados por el Estado, están controlados por los narcotraficantes y los grupos paramilitares. Jóvenes con rifles semiautomáticos custodian los accesos de entrada a muchas comunidades. Normalmente, las autoridades sólo entra para hacer redadas y, según los residentes, a menudo dejan cadáveres después de sus operativos.
En el fuego cruzado, con frecuencia, quedan atrapados niños y otros transeúntes.
Otorgarle poder a ellos para que cometa asesinatos nunca ha reducido la violencia, comentó Roberto Sá, quien supervisó a ese cuerpo de seguridad de ese estado de 2016 a 2018. Además, trabajó en una unidad élite policial al inicio de su carrera.
«La confrontación genera un ambiente de inseguridad; enfermedades mentales y estrés para los oficiales de policía y para los residentes”, afirmó.
