Redacción. El exalcalde de Tegucigalpa y actual precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Nasry Asfura, enfrenta un requerimiento fiscal por cinco delitos que lo vinculan a un esquema de corrupción mientras estuvo al frente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (2014-2022).
El Ministerio Público -a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO)- presentó el pasado jueves un requerimiento fiscal en su contra y otros siete exfuncionarios, acusándolos de cinco delitos: lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios.
El requerimiento detalla que el precandidato presidencial y su grupo cercano de colaboradores estarían involucrados en un desvío de fondos municipales por un monto superior a los 28 millones de lempiras (L28,559,062.20). Entre 2017 y 2018 se emitieron 32 cheques a nombre de Asfura y varios de sus colaboradores, que posteriormente se depositaron en cuentas personales.
De los 32 cheques, la mayoría, apuntan las investigaciones, tenían montos de 550 mil lempiras, mientras que otros superaron el millón de lempiras. Asimismo, hubo uno, cobrado el 22 de diciembre del 2012, con un monto de 4,899,975 lempiras.
Estos cheques fueron solicitados bajo la justificación de «fondos rotatorios», «fondos especiales» y «reembolsos de gastos». Se presume que el dinero, en cambio, lo utilizaron para fines personales, incluida la financiación de campañas políticas, pagos de tarjetas de crédito del exalcalde y adquisiciones de bienes, como joyas.
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Sin temor
Nasry Asfura no tardó en responder a las acusaciones. A través de sus redes sociales aseguró no temer a las acusaciones y avisó que se presentará voluntariamente ante la justicia.
El exedil afirmó que ya ha enfrentado acusaciones similares en el pasado, las que desestimó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Éstos concluyeron que no había responsabilidad penal en su contra.
«No la debo, no la temo», sentenció Asfura, asegurando que las denuncias son un intento de dañar su imagen de cara a la campaña electoral.
¿Persecución política?
El abogado defensor de Asfura, Dagoberto Aspra, consideró que se trata de una persecución política orquestada con el objetivo de afectarlo mediáticamente. El hecho de que no le hayan permitido acceder a la información sobre el caso, según Aspra, es una clara confirmación a sus sospechas.
«Desde el principio me negaron la información. La persecución es evidente», argumentó el abogado, al señalar que los intentos por desacreditar a Asfura son parte de una estrategia para perjudicarlo políticamente, tal como ocurrió en el proceso anterior.
Otros simpatizantes del Partido Nacional también han mostrado su respaldo a Asfura, condenando lo que para ellos es una clara persecución política. No obstante, abogados penalistas han opinado al respecto, asegurando que la Fiscalía cumple con llevar a la justicia todo tipo de irregularidades que afecte la administración pública.
Para el togado Elvin Carrillo: «Hay diversas acciones legales que ejerce el Ministerio Publico, y no se puede estar confundiendo para efecto de que los que ahora se llamen oposición hagan señalamientos de que hay una persecución política».
«Las actuaciones de los fiscales están marcadas por la objetividad y esto se deriva en investigaciones. No se van a presentar requerimientos fiscales infundados políticamente porque no podría sostenerse en un tribunal de justicia», explicó Carrillo a Diario Tiempo.
Por su lado, el abogado Francisco Pascua sostuvo que los casos de corrupción de altos funcionarios públicos, como el que se le imputa a Asfura, ya no gozan de la inmunidad que disfrutaban anteriormente.
«El mensaje que se está enviando es claro: todo funcionario que malverse fondos públicos va a ser perseguido», indicó Pascua. A su juicio, las acusaciones contra éste están bien fundamentadas y no deben calificarse como una persecución política.
