Redacción. El Ministerio Público informó este jueves que la cifra encontrada en la empresa Koriun Inversiones a nivel nacional supera los 358 millones de lempiras (L358,721,490.00), según datos de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
De acuerdo con lo publicado por el ente investigativo, más del 49% de ese dinero fue encontrado en propiedades vinculadas directamente a los administradores de la empresa.
Uno de los hallazgos más significativos se dio en la vivienda del representante legal de Koriun, Iván Abad Velásquez, donde los agentes contabilizaron más de 125 millones de lempiras.
A esto se suman L51.7 millones en la sede principal de la empresa en Choloma, L62.9 millones en la sucursal de Juticalpa (Olancho), y L58.4 millones en Santa Bárbara.
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La operación también permitió ubicar L50.7 millones en la sede de Choluteca, más de ocho millones de lempiras en La Entrada (Copán), y más de L1.5 millones en Danlí (El Paraíso), fondos que en su mayoría estaban bajo custodia de los mismos representantes de la empresa en cada localidad.
Modelo piramidal
El caso de Koriun Inversiones salió a la luz luego de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que alertó sobre la captación irregular de fondos por parte de la empresa, la cual operaba sin autorización ni registro en el sistema financiero formal.
La empresa funcionaba bajo un esquema Ponzi. Es decir, un modelo piramidal insostenible que representa un riesgo para la estabilidad financiera del país.
Koriun atrajo a cientos de personas a través de una agresiva campaña publicitaria en redes sociales, especialmente en TikTok. Sin embargo, no contaba con registro en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD), ni autorización para captar dinero del público.
Las acciones del Ministerio Público contaron además con la participación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Policía Nacional, lo que permitió asegurar los fondos y evitar un mayor daño a los inversionistas.
Johel Zelaya, fiscal general del MP, ordenó la devolución del dinero a todas las víctimas. Sin embargo, avizoró un severo faltante del que se estaría encargando el gobierno central.
Hasta el momento se desconoce si la cifra encontrada alcanzará para pagar el dinero a los aportantes.
