REDACCCIÓN. El presidente de la Comisión Interventora del Sistema Carcelario en Honduras, general Ramiro Muñoz, anunció que al menos dos centros penitenciarios localizados en zonas urbanas serán cerrados próximamente como parte del proceso de modernización del sistema penitenciario impulsado por el gobierno.
Las cárceles que serán clausuradas se encuentran en Trujillo, Colón, en el litoral Caribe, y en La Esperanza, Intibucá, en el occidente del país. Según Muñoz, ambas instalaciones presentan un avanzado deterioro estructural y su ubicación en zonas céntricas genera un impacto negativo en la vida urbana.
«Si usted ha ido a Trujillo, mire las condiciones. Esa cárcel no debió existir hace 100 años. Está construida de adobe. Lo mismo ocurre con La Esperanza», expresó el general, al destacar la obsolescencia de estos centros y la inseguridad que representan tanto para los reclusos como para la población aledaña.
Muñoz también criticó que las medidas de seguridad impuestas en los alrededores de estas cárceles afecten a los ciudadanos que viven o transitan por esas zonas, limitando sus libertades y dinamismo urbano.
En ese sentido, planteó que los terrenos en donde están ubicadas estas cárceles —que suelen ser propiedad de las alcaldías— podrían transformarse en espacios productivos o culturales. “Invirtamos en convertir esas ‘escuelas del crimen’ —que decían en otro tiempo— en lugares productivos”, propuso, al señalar que esta iniciativa también busca rescatar el valor histórico de algunos centros penitenciarios, como el antiguo penal de La Ceiba o el de Puerto Cortés, para convertirlos en museos o sitios turísticos.
Reubicación estratégica de internos
Como parte de la reestructuración penitenciaria, Muñoz explicó que a los internos los están trasladando de acuerdo con su perfil delictivo. Por ejemplo, a los miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) los enviaron al centro de máxima seguridad de La Tolva, mientras que a los del Barrio 18 los reubicaron en Ilama, Santa Bárbara. Ambas instalaciones cuentan con estrictas medidas de control.
La sección de máxima seguridad en Támara se reservará ahora para narcotraficantes y miembros de estructuras criminales como «Los Aguacates» y «Lios Chirizos». Además, se construye un nuevo módulo con capacidad para más de mil reclusos de alta peligrosidad.
En cuanto al régimen de máxima seguridad, Muñoz enfatizó que los internos no tienen derecho a visitas conyugales ni familiares, y que las comunicaciones están controladas. «Este sistema ya no está para amotinamientos ni reyertas», advirtió.
Situación de la cárcel de Mocorón y cifras del sistema penitenciario
Sobre la cárcel de Mocorón, Muñoz informó que aún no hay instrucciones para su reapertura o rehabilitación. «Mientras no se inicie la construcción, no podré decir absolutamente nada», puntualizó.
Actualmente, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INP), la población carcelaria en Honduras asciende a 19,229 personas distribuidas en 25 centros penitenciarios. El 94 % son hombres y el 6 % mujeres. Del total, el 55 % ya se encuentran condenados, mientras que el 45 % permanece en prisión preventiva.
