AFP. Una jueza aceptó este lunes cerrar el caso contra Donald Trump por el presunto intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden.
La jueza federal Tanya Chutkan siguió las recomendaciones del fiscal especial Jack Smith, quien optó por cumplir la política adoptada hace más de 50 años por el Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.
Smith también renunció a procesar al magnate republicano por guardar documentos clasificados después de irse de la Casa Blanca, el otro caso federal que tenía pendiente.
Desde las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, tenía casi garantizado que se libraría de estos dos casos.
En el primero, en Washington, la jueza Chutkan aprobó rápidamente la petición de Jack Smith de desestimar los cargos, sin prejuzgar si deben reabrirse al final del mandato del republicano de 78 años.
Esta recomendación es «coherente con la interpretación de la fiscalía. De que la inmunidad concedida a un presidente en ejercicio es temporal, expirando cuando abandona el cargo», dijo.
El fiscal especial ya había cancelado todas las fechas del calendario judicial para los dos casos. Dándose de plazo hasta el 2 de diciembre para «analizar esta situación sin precedentes».
El Departamento siguió la política de no procesar a un presidente en ejercicio desde 1973, en pleno escándalo del Watergate. No obstante, el caso de Trump es inédito elegido tras ser procesado penalmente.
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«Circunstancias»
El fiscal especial recomendó a la jueza que desestimara el caso a la luz de esta política. Dejó abierta la posibilidad de que pueda reactivarse una vez que Trump deje el cargo, en principio en 2029.
La posición sobre «la acusación contra el demandado no ha cambiado», recalcó, «pero las circunstancias sí».
«Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal. El posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones», explicó el fiscal.
Además, acusan al presidente electo de conspiración para defraudar a Estados Unidos y para obstruir un procedimiento oficial.
En palabras más claras, la sesión del Congreso para certificar la victoria de Biden, la cual interrumpieron el 6 de enero de 2021.
