El gobierno de Nicaragua aprobó este martes, a través del Ministerio de Gobernación, la cancelación de las personalidad jurídica de Cáritas de Nicaragua, la pastoral social de la Iglesia católica.
Según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, la cancelación de Cáritas de Nicaragua se acordó por «disolución voluntaria de miembros» y aprobada por la ministra de gobernación, María Amelia Coronel Kinloch.
Cáritas de Nicaragua tenía su estatus legal desde el 30 de noviembre de 1994. Además, era presidida desde el 15 de diciembre de 2021 por monseñor Sócrates René Sándigo Jirón, obispo de la diócesis de León y Chinandega.
Según la cartera de Gobernación, Cáritas de Nicaragua solicitó la cancelación de su personalidad jurídica «por disolución voluntaria y liquidación de dicho organismo». Está acordada de forma unánime por sus miembros, en una sesión extraordinaria celebrada el 31 de enero pasado.
Es decir, esa solicitud se realizó en el marco de una masiva ilegalización de ONG nicaragüenses y extranjeras por parte del Gobierno que preside Daniel Ortega.
Cancelación y aprobación
Asimismo, el Ministerio de Gobernación aprobó la cancelación, también por disolución voluntaria, de la personalidad jurídica de la Asociación Cáritas Diocesana de Jinotega (Cáritas Jinotega), inscrita desde el 22 de septiembre de 2006.
Esa cartera explicó que Cáritas Jinotega, que dirigía el obispo de esa diócesis y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera, acordó la cancelación de su personalidad jurídica «por disolución voluntaria y liquidación de dicho organismo por decisión unánime por sus miembros». Esto ocurrió en una sesión extraordinaria celebrada el 23 de diciembre pasado.
Bloqueo aduanero
Cáritas de Nicaragua había denunciado el bloqueo aduanero que el Gobierno de Ortega había impuesto a la pastoral desde 2019. De esta forma se impidió la recepción de donaciones del exterior.
En 2015, Cáritas de Nicaragua ganó el Premio Internacional de Mujeres Cultivadoras del Desarrollo, por su acción social caritativa y promoción del desarrollo. Este premio estuvo dotado de 10 millones de euros (10,6 millones de dólares).
El pasado 21 de febrero, el presidente Ortega calificó de «mafia» a la Iglesia católica. Además, la acusó de ser antidemocrática, por no permitir que los católicos elijan por voto directo al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.
Ortega ha llamado «terroristas» a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional, con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018.
El líder sandinista también los calificó de «golpistas«. Los ha acusado de ser cómplices de fuerzas internas y de grupos internacionales, que a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
La Policía Nacional prohibió a la Iglesia católica nicaragüense celebrar las procesiones de viacrusis durante la Cuaresma y la Semana Santa de este año.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 44 años.
