Tegucigalpa, Honduras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) anunció que durante su periodo ordinario de sesiones, que inicia el próximo lunes 13 y finaliza el miércoles 29 de noviembre, emitirá el fallo en el caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras.
El caso está relacionado con la alegada responsabilidad internacional del Estado de Honduras, por la destitución «arbitraria» de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz, de sus cargos como magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2012.
De acuerdo con el reporte de la Corte IDH, se argumenta que al momento de la destitución de los magistrados, no existía en Honduras disposición alguna que regulara la competencia de alguna autoridad y el procedimiento sancionador de carácter político al que fueron sometidos.
Por lo tanto, se alega que con violación de las garantías que reconoce el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Congreso Nacional creó un mecanismo ad hoc dirigido a la destitución de las autoridades judiciales.
De igual manera, señala que el artículo 205, número 20 de la Constitución de Honduras, indica que el Congreso tiene facultades para aprobar o improbar la conducta administrativa de los magistrados. Por lo tanto, se alega que determina una norma de significativa amplitud que no especifica conductas concretas que resulten reprochables disciplinariamente.
Nota relacionada: Asociación de Jueces y magistrados piden respeto a la Constitución
Destitución
El representante de la CIDH, Ignacio Boulin, explicó anteriormente que el 12 de diciembre de 2012 el Poder Legislativo, con su edificio rodeado por las Fuerzas Armadas, destituyó a los magistrados. Eso significó «una violación a los derechos de las víctimas» y un «verdadero atentado contra la independencia judicial y el orden democrático».
Boulin recordó que los magistrados «emitieron fallos considerados contrarios al Gobierno de turno». Además, que el entonces presidente del país, Porfirio Lobo, «emitió declaraciones condenando la conducta de los magistrados».
Los magistrados declararon como inconstitucionales iniciativas del Gobierno para crear las «ciudades modelo» y la «Ley de depuración policial». La acción generó presiones y hostigamiento por parte de autoridades gubernamentales, incluido el presidente, detalló Boulin.
El Congreso Nacional, entonces presidido por Juan Orlando Hernández, creó una comisión especial, para investigar el comportamiento de los magistrados el 10 de diciembre de 2012.
Al día siguiente emitió un informe y horas después, la madrugada del día 12, el Legislativo destituyó a los magistrados sin permitirles defenderse.
«El poder político buscaba una Sala de lo Constitucional complaciente», manifestó Boulin, quien agregó que el Congreso no era imparcial ni competente.
Los magistrados también relataron que tras su destitución sufrieron persecución, hostigamiento y atentados en su contra y sus familias.