TEGUCIGALPA, HONDURAS- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió denuncia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destituidos por el Congreso Nacional.
La destitución se dio el 12 de diciembre del 2012 al votar en contra de la Ley Especial de Depuración Policial, la cual entró en vigencia el 25 de mayo del 2012 por el decreto N° 89-2012.
Los magistrados destituidos fueron José Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz Sequeira, José Francisco Ruiz Gaekel y Gustavo Enrique Bustillo Palma.
Aceptación de denuncia
El informe de la CIDH con número 83/18, Petición 455-13, establece que los denunciantes fueron ilegalmente destituidos de sus cargos. Asimismo, la denuncia señala como un acto de venganza política por parte del Congreso Nacional de Honduras. Los magistrados relataron que contra la Ley Especial de Depuración Policial se presentaron varios recurso de inconstitucionalidad.
El 27 de noviembre la Sala de lo Constitucional votó sin que el proyecto de sentencia obtuviese la unanimidad de votos necesaria para su aprobación.
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Destitución de cargos
Después de votar en contra, el Congreso Nacional nombró una comisión para investigar la conducta administrativa del Poder Judicial. El 11 de diciembre del 2012, la comisión rindió un informe en el que establecían que se habían cometido irregularidades administrativas.
Según el dictamen de la comisión, la resolución emitida por la Sala Constitucional no era congruente con la política de seguridad implementada por los poderes Legislativo y Ejecutivo.
El 12 de diciembre del 2012, el Congreso Nacional votó por la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. La denuncia señala que «no tuvieron posibilidad alguna de defensa. Y que la destitución fue ilegal pues el Congreso Nacional no tenía facultades para ello».
Reacciones
Ante la acepción de la denuncia por la CIDH, el doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, expresó:
«La CIDH ha declarado admisible el caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional destituidos ilegalmente. Lo anterior, por el Congreso Nacional bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández».
«Lo irónico es que estas personas comienzan a acceder a la justicia que ellas le negaron a la ciudadanía durante el golpe de Estado».
«De los 81 recursos presentados ante su Sala de lo Constitucional, únicamente resolvieron 2 a favor del general golpista Romeo Vásquez Velásquez».
«Pero ignoraron los otros 79 recursos a favor de la ciudadanía”, señaló el doctor.
