GUATEMALA. -Cinco empresarios, cinco de los empresarios más grandes del país que admitieron haber entregado dinero para la campaña de Jimmy Morales y FCN, enfrentarán un proceso judicial por financiamiento electoral ilícito. Así lo ordenó ayer la jueza Ericka Aifán, luego de que el MP y la CICIG los señalaran por haber ocultado al menos US$1 millón al Tribunal Supremo Electoral.
A diferencia de casi todos los procesos penales, esta vez los acusados han colaborado con la justicia desde su acusación. Se trata de José Miguel Torrebiarte, Felipe Bosch, Fraterno Vila, Salvador Paiz y José Guillermo Castillo.
Por eso no tenían esposas en las muñecas ni guardias del Sistema Penitenciario controlando sus movimientos. Si una los miraba en la sala sin conocer el contexto, diría que estos cinco empresarios no son acusados.
Vestidos con más elegancia que otros que pasan por tribunales, acompañados de sus guardaespaldas y abogados, los cinco caminaron con tranquilidad por la acera de la Novena avenida y 20 calle de la zona 1 en el Centro Cívico, desde un parqueo cercano hasta la sala especial de audiencias en la que se conoce el proceso en su contra.
La jueza Ericka Aifán, una de las más respetadas en el sistema de justicia, dirigió la audiencia. Dos días atrás el Ministerio Público pidió investigarlos por financiamiento electoral ilícito: mientras que los abogados defensores solicitaron cerrar el caso por considerar que no tuvieron responsabilidad en el ocultamiento de las aportaciones.
Todos provienen de cinco de las empresas más grandes del país. Están en el banquillo un exministro de Economía y exembajador de Guatemala ante Estados Unidos, un exdirectivo de Asazgua y del Cacif, un excandidato vicepresidencial de Álvaro Arzú, un expresidente de Fundesa, un expresidente del Enade, un presidente de una fundación educativa.
¿Cómo llegan estos grandes empresarios ante un juez?
El caso por el cual los empresarios se encuentran ahora en el banquillo de los acusados se construyó, en gran parte, con base en la investigación del MP y la CICIG por el financiamiento electoral no declarado por el ahora presidente Jimmy Morales, el allanamiento a las oficinas de la agencia de publicidad de su campaña y en los testimonios de las empresarias Paulina Paiz y Olga Méndez, quienes también presentaron al MP declaraciones y documentos que respaldan el financiamiento que los empresarios hicieron para la campaña presidencial de Jimmy Morales.
Son la dueña y la gerente de Novaservicios S.A., la empresa que canalizó los aportes y los maquilló. Esto para que no pudieran rastrearse los verdaderos contribuyentes ni pasaran bajo la lupa del TSE. Esta es la institución encargada de fiscalizar los gastos de campaña de todos los partidos políticos.
En las democracias, es importante transparentar quiénes financian las campañas electorales. Sean estas de presidentes, diputados y alcaldes para fiscalizar que los gobernantes no tomen decisiones con base en la devolución de favores sino con base en el interés público. En Guatemala, la mayoría de los políticos han usado el financiamiento electoral ilícito. Esto para amasar fortunas y comprometerse de por vida con sus financistas.
Otros casos
El caso de Jimmy Morales y estos cinco empresarios es relativamente pequeño en comparación al financiamiento electoral ilícito descubierto al Partido Líder de Manuel Baldizón o al Partido Patriota de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y Alejandro Sinibaldi por el MP y la CICIG en 2016.
No obstante, el aporte al FCN de Jimmy Morales suma cifras millonarias.
El aporte del grupo –que fue coordinado por el empresario Andrés Botrán (después comisionado presidencial de Jimmy Morales) y Rodrigo Arenas (presidente de la organización MCN y la plataforma República.gt)– se contabilizó en unos Q8 millones que no fueron reportados al TSE. Estos sirvieron para el pago de fiscales electorales de FCN, las personas que cada partido designa para defender sus intereses en el conteo de votos en las mesas de votación.
Los intermediarios
Andrés Botrán y Rodrigo Arenas, quienes actuaron como intermediarios entre el entonces candidato Jimmy Morales y el grupo de empresarios, declararon también ante un juzgado. Aunque no aceptaron haber incurrido en financiamiento electoral ilícito, sí confirmaron una parte de los testimonios de las dos colaboradoras. Ambos están sujetos a proceso penal por orden de la jueza Aifán.
A partir de las experiencias de los casos desde 2015, estos 5 empresarios tenían dos alternativas:
A) Negar las acusaciones del todo, enfrentarse a la justicia y boicotear a la CICIG y al MP –camino que siguieron el hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales, a pesar de haber reconocido que cometieron un delito; otros políticos y otros empresarios–.
B) Aceptar que incumplieron la ley y colaborar con el MP y la CICIG para llegar a la verdad. Así se aceleran los procesos judiciales y se reducen las penas para los acusados. Además, se evitan órdenes de capturas, esposas en las muñecas, guardias penitenciarios e incluso la prisión preventiva.
De acuerdo con la CICIG, estos 5 empresarios entregaron como pruebas documentos de soporte de las transferencias de dinero, depósitos y las facturas recibidas de Novaservicios.
Los empresarios reconocieron los hechos y dieron sus testimonios en el Ministerio Público, aunque prefirieron guardar silencio ante la jueza del caso durante la audiencia de primera declaración. Según indicaron, sus abogados les aconsejaron no pronunciarse en esta etapa del proceso.
El argumento de la defensa: el civismo
Los abogados defensores intentaron convencer a la jueza Aifán de que estos cinco empresarios no cometieron un delito al aportar fondos de campaña vía Novaservicios, pues argumentan la responsabilidad de reportarlo al TSE era de la autoridades de FCN, cuyo secretario general era entonces el presidente Jimmy Morales, quien fue el que pidió que no le dieran los fondos directamente “para evitar una imagen de una campaña austera”. Según el testimonio de Paulina Paiz, el entonces candidato Jimmy Morales no quería que los aportes fueran canalizados por la vía institucional para que no pudieran acusarlo sus competidores de no ser alguien de orígenes humiles y con la campaña más barata de la historia.
Pero la defensa no está logrando convencer a la jueza. El MP y la CICIG señalan, con documentos en mano, que los empresarios también colaboraron para ocultar las aportaciones, cuando respaldaron las transferencias de fondos a Novaservicios con facturas por servicios no prestados.
La Defensa
Los abogados defensores también plantearon que los empresarios actuaron motivados por un “espíritu cívico”; su aporte era para el pago de fiscales que “resguardaron la transparencia del proceso electoral”. El abogado de Fraterno Vila lo puso en las siguientes palabras:
– De ahí nace una iniciativa cívica, cívica señora juez. En ningún momento una iniciativa para favorecer a ningún partido político particular. Es falso, es mentira que el objetivo era ese. El MP manifiesta que la intención era decidir sobre el voto. Acordémonos, señora juez, que están diciendo que (el dinero) era para el pago de fiscales, cuando ya no había campaña. ¿Cómo se incide en el voto con el pago de fiscales? Al contrario, lo que se buscaba en ese momento era que realmente hubiera una equivalencia de todos los partidos que hubieran participado en la contienda, y así, como dice su nombre, fiscalizar los votos.
CICIG: Los argumentos
El argumento es el mismo que el de Rodrigo Arenas, al que la jueza ya había respondido si los fiscales pagados con ese financiamiento defendieron el voto de todos los partidos o solo de su candidato. Arenas respondió en su momento que solo defendieron los votos de FCN.
La juez Aifán no aceptó el argumento de la defensa de la democracia y en su resolución final recordó las reuniones que los empresarios mantuvieron con el candidato Jimmy Morales, coordinadas por Rodrigo Arenas. Fue en una de esas reuniones que, según los testimonios de los mismos empresarios, cuando Jimmy Morales les pidió que si querían colaborar con su campaña, no lo hicieran con aportes institucionales sino por otras vías.
La resolución contra estos cinco empresarios, aunque no parezcan acusados en la sala, no es una ganga.
La jueza Aifán les impuso como multa para evitar la prisión preventiva varios montos. Estos son similares a los que aportaron para la campaña de Jimmy Morales; Q200 mil para Salvador Paiz y Fraterno Vila; y Q1 millón para José Miguel Torrebiarte, Guillermo Castillo y Felipe Bosch.
No podrán salir del país sin autorización judicial, ni comunicarse con testigos y sindicados (acusados). Tendrán que firmar cada 15 días en el Ministerio Público para demostrar que siguen en Guatemala.
Fuente: Nómada N de Guatemala.
