Redacción. Una tormenta institucional sacude al Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la emisión de dos dictámenes legales contradictorios sobre los términos de referencia del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
El conflicto estalló luego de que el consejero Marlon Ochoa solicitara una segunda opinión jurídica sobre un documento ya aprobado por mayoría en el pleno, provocando fuertes reacciones de partidos políticos, la presidenta del CNE, Cossette López, y analistas políticos que advierten una grave crisis de confianza en el órgano electoral a solo meses de las elecciones generales.
El Partido Liberal reaccionó ayer jueves a través de X, denunciando lo que calificaron como una actuación malintencionada del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa. “El consejero Marlon Ochoa de manera malintencionada y violando los procesos legales, ha solicitado opinión legal a la Unidad Legal del CNE sobre los TDR aprobados en pleno para el proceso del TREP. Vale aclarar que ya se contaba con dictamen legal favorable emitido por la misma unidad para los pliegos del proceso del TREP. ¿Qué busca?”, escribió el Partido Liberal.
La publicación fue acompañada de dos dictámenes legales firmados por Arnol Hernán Gómez Quiroz, subjefe de Asesoría Legal, que muestran una contradicción entre el primero —favorable al proceso— y un segundo que declara improcedente la incorporación de mecanismos de revisión de actas por personas ajenas a las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Los dictámenes
Primer dictamen (14 de junio de 2025):
Dictamen favorable al contenido del proceso especial de compra CNE-PEG-UCCE-001-2025, denominado “Implementación de Sistemas para Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Escrutinio General y Divulgación de Resultados Elecciones Generales 2025 y Adquisición de Impresoras y UPS”, al considerar que el documento es congruente con la Ley de Contratación del Estado, su reglamento y el Presupuesto Especial para Elecciones Generales 2025.
Segundo dictamen (18 de junio de 2025):
Dictamina improcedente la incorporación de mecanismos de revisión o transcripción de actas de cierre por personas ajenas a las JRV, lo cual se consideró contrario a la Ley Electoral. Al mismo tiempo, dictamina procedente una enmienda al pliego para ajustar las especificaciones técnicas conforme a los mecanismos legales.
Lo que dijo Ochoa
Tras la difusión del dictamen más reciente, el consejero Marlon Ochoa publicó en X:
“La Asesoría Legal del CNE dictaminó en fecha 14 de junio el pliego de condiciones para contratar el TREP, pero sin los tres párrafos de intromisión humana que le añadieron por mayoría de votos de sus consejeras representantes. El pretender aplicar el mismo dictamen legal, después de centralizar ilegalmente el conteo de las actas, es por sí mismo, un acto de fraude tramposo”.
Según Ochoa, la incorporación de párrafos que permitirían una revisión centralizada de actas desde Tegucigalpa equivale a repetir el modelo del 2017, durante la cuestionada administración de David Matamoros Batson, y señaló directamente al bipartidismo por intentar adjudicar el sistema a Mapa Soluciones “disfrazada con otro nombre”.
Cossette López denuncia “campaña orquestada” de Marlon Ochoa
Ante esta situación, la presidenta del CNE, Cossette López, salió al paso de las declaraciones de Ochoa, acusándolo de ejecutar una “campaña orquestada y malintencionada” que pretende desinformar y socavar la institucionalidad del órgano electoral.
“Están convirtiendo la asesoría legal en una oficina de trámite de un partido político. Eso no lo vamos a permitir”, afirmó tajantemente López, quien explicó que Ochoa solicitó el dictamen el miércoles a las 5:00 p.m., fue remitido a la unidad legal a las 6:11 p.m., y ya a las 7:47 p.m. había sido recibido un documento de siete páginas firmado por un abogado identificado con el oficialismo.
La presidenta del CNE advirtió que este documento pudo haber sido redactado fuera del CNE y entregado internamente para su legitimación, lo cual —según ella— configura una práctica “corrupta”.
“Esto no es un asunto de partidos. Es un órgano colegiado (…) Se intercepta la correspondencia, se fabrica documentación fuera del Consejo, y se entrega directamente a representantes de Libre. Eso no solo es irregular, es una amenaza a la institucionalidad electoral”.
López denunció que Ochoa busca limitar el control del CNE sobre el sistema TREP y que pretende usar este mecanismo para proclamar anticipadamente a una candidata sin cumplir con los controles establecidos en ley.
“Decir ahora que centralizar ilegalmente el conteo de actas es algo que el CNE está haciendo, cuando la ley dice lo contrario, es perverso. El artículo 283 nos faculta exclusivamente a nosotros para analizar y totalizar actas. No las computadoras”.
Incertidumbre
También alertó sobre la incertidumbre generada por otros factores, como el paradero desconocido de más de 300,000 DNI, presuntas irregularidades en la toma de huellas biométricas y propaganda electoral anticipada.
“Lamento toda la malicia que se está introduciendo en este proceso. No se han dado cuenta de que ya no están en la oposición. Nosotros no estamos para hacer fraude, sino para evitarlo”.
Analistas advierten crisis
Jaime Rodríguez, analista político, calificó la acción de Ochoa como “desesperada” y advirtió que este tipo de maniobras podrían tener consecuencias legales para quienes firmen dictámenes contrarios a resoluciones ya aprobadas por el pleno.
“Es un accionar desesperado. Las decisiones en un órgano colegiado se respetan, y en esta ocasión se dio por mayoría: 2 a 1. Esto se está agudizando y conforme se acerque el 30 de noviembre, veremos posiciones más radicales. El partido en el poder está preocupado”, expresó Rodríguez.
Criticó que se intente dejar sin efecto una decisión ya tomada, y cuestionó la velocidad con la que se elaboró el segundo dictamen.
“Es imposible que se haya emitido un dictamen de siete páginas en menos de dos horas. Alguien se lo entregó hecho”.
Por su parte, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Dennis Gómez, indicó que el dictamen favorable del 14 de junio debe prevalecer, al ser el primero y haberse dado dentro del proceso colegiado legalmente constituido.
“En ese primer dictamen el representante de Libre no estaba. Es una decisión tomada y en el CNE las decisiones se resuelven 2 a 1 o 3 a 0. No hay apelación en ese espacio. Debe prevalecer lo que indica la ley”.
Asimismo, propuso que el CNE publique el código fuente de los sistemas del TREP y la biometría para evitar especulaciones. “El CNE debería hacer público el código fuente del TREP y de la biometría. Que los partidos políticos sepan exactamente qué hace el sistema y qué no hace”, concluyó.
