REDACCIÓN. Desde el inicio de enero, la administración del alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, aprobó el Plan de Arbitrios de 2025, un instrumento donde “se establecen las tasas, gravámenes, las normas y procedimientos relativos al sistema tributario del municipio”.
De acuerdo a varias denuncias, la normativa no tuvo la debida socialización y fue anunciada en una reunión informal que trascendió por el portal de esa alcaldía.
El nuevo plan de arbitrios contempla una serie de cobros que los cholomeños apenas están comenzando a descubrir al comparar los nuevos gravámenes con los que pagaban anteriormente.
A pesar de que el alcalde ha otorgado un plazo de 30 días para que los ciudadanos presenten sus quejas, la falta de información y transparencia en este proceso genera dudas sobre la verdadera intención detrás de esa aprobación.
¿Cobros excesivos?
Choloma, un municipio con más de 289,763 habitantes y cerca de 100,000 viviendas, ha sido históricamente una de las localidades con más problemas de infraestructura y servicios públicos. Sin embargo, el gobierno municipal parece estar más enfocado en implementar cobros que en invertir en la mejora de la ciudad, señalan los denunciantes.
Uno de los aspectos más polémicos del plan de arbitrios es el cobro por la entrega de recibos de agua. En un momento donde la economía local ya atraviesa dificultades, los cholomeños deberán pagar por la simple recepción de este documento en sus hogares. A esto se suman cobros por la venta de agua potable y el uso de pozos públicos. Los ciudadanos con piscinas también deberán pagar un tributo, un detalle que podría resultar innecesario en un municipio con tantas necesidades más urgentes.
No perdonan ni a los servicios fúnebres
En el plan resalta el gravamen por los servicios fúnebres. Los cholomeños deberán pagar un costo por la construcción de una fosa, por la exhumación e inhumación, y hasta por realizar trabajos adicionales en las tumbas.
El comercio y los servicios
Los emprendedores también serán afectados por este plan, ya que deberán enfrentar una avalancha de cargas tributarias, que van desde el cobro por el alquiler de locales en los mercados, dependiendo de su tamaño y ubicación, hasta el cobro por el uso de aparatos electrónicos en sus negocios.
La carga impositiva no termina allí. Los dueños de locales como los billares deberán pagar por cada mesa. Además, las inspecciones municipales también serán una obligación que tendrá un costo para los emprendedores.
A lo anterior se suman las tasas por el servicio de limpieza en vías públicas y cementerios, así como el cobro por el servicio de los bomberos, que variará según la zona, lo que puede resultar injusto para algunos sectores.
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El impacto en el alquiler y la movilidad
La alcaldía de Mejía impone un valor a pagar por cada vivienda o apartamento en alquiler. Este cobro, sumado a los impuestos ya existente sobre la propiedad, hará aún más caro el arrendamiento de viviendas, algo que afectará a los empleados de maquilas o fábricas que ahí se instalen.
La movilidad no escapa a los nuevos cobros. Los vehículos decomisados deberán pagar estacionamiento. Además, el transporte en general tendrá que afrontar una tasa por el uso de las vías públicas. Esta medida podría generar aún más presión sobre los ciudadanos, que ya luchan con la falta de infraestructura adecuada y el tráfico congestionado en la ciudad.
Falta de transparencia y socialización
Lo más alarmante de este Plan de Arbitrios es la total falta de socialización y transparencia. Los cholomeños no fueron debidamente informados sobre los cobros que afectarán directamente su economía. A pesar de que el alcalde abrió un plazo de 30 días para que los ciudadanos presenten sus objeciones, parece más una formalidad que una verdadera oportunidad para escuchar a la población.
¿Dónde están las mejoras?
A pesar de las grandes cantidades de dinero que la municipalidad podría recaudar con este nuevo plan, los cholomeños no ven reflejadas esas ganancias en mejoras en las calles, en la calidad de los servicios públicos, ni en el impulso de la economía local.
Los problemas de infraestructura, como la falta de mantenimiento en las carreteras, siguen siendo una constante en la ciudad.
Mientras tanto, el alcalde parece más interesado en buscar su reelección que en generar condiciones favorables para el desarrollo del municipio.
