REDACCIÓN. El exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), Marcelo Chimirri, dio una entrevista exclusiva a un medio de la capital, donde denunció que se le aplicó el “Código Penal de los indeseables” al confiscársele sus propiedades por una resolución judicial por supuesto lavado de activos.
“Me quitan todo por una naranja y a otros no les quitan nada por los desastres que han hecho, la Ley de Privación de Dominio, más tarde que temprano va a ser declarada ‘inconstitucional’ y todos los actos que se tomaron van a ser nulos porque fue hecha a matacaballos, fue hecha sin ninguna previsión del conflicto que se veía venir”, cuestionó el exfuncionario.
“Esa ley que choca con todo, es un monigote que está en medio de un horno que choca con todo. Choca con la Constitución porque viola los derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la propiedad privada y un sinfín de derechos, incluso choca con el Código Penal porque dice que uno no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito».
“Me ha tocado defenderme en los juzgados, esa ha sido mi vida y mi ocupación”, dijo Chimirri y añadió que “cuando uno ha conocido las cuatro esquinas de la vida, que ha tenido todo y ha estado en el poder y no tenerlo, con cosas que a uno no le quitan y las personas que ponen los pies en la tierra, sabemos de cosas más importantes en la vida que para mí son mis hijas y mi esposa, eso no tiene precio”.
“Nos pueden quitar las cosas materiales, así como vienen, así se van y si creen que con eso me están haciendo daño, están equivocados y se están evidenciando ante un pueblo que los condenó y sigue condenando la persecución contra los funcionarios que hicieron cumplir la ley”, aseguró.
El Juzgado de Privación de Dominio en las últimas horas traspasó al Estado de Honduras los bienes asegurados a la esposa del exgerente.
La sentencia la dio a conocer el Ministerio Público en un comunicado de prensa, en el cual explicó que son siete propiedades y los fondos de siete cuentas bancarias, aseguradas a Francis María Quezada.
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Se incluyen tres empresas mercantiles, dos vehículos, un lote de joyas y una suma considerable de dólares. Los bienes han estado en posesión de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) tras el aseguramiento.
