Redacción. Al menos 26 instituciones que prestan servicios esenciales a personas con discapacidad en Honduras podrían cerrar en las próximas semanas debido a la falta de desembolsos estatales, pese a que los fondos ya fueron aprobados por el Congreso Nacional dentro del presupuesto anual.
Estas organizaciones, muchas de ellas con décadas de experiencia, dependen de una asignación de 40 millones de lempiras contemplada por decreto legislativo.
Sin embargo, al mes de julio solo han recibido menos del 40 % de ese monto, situación que ha puesto en jaque sus operaciones y compromete directamente la atención a cientos de personas.
“Nos están forzando a cerrar. Muchas instituciones ya no tienen cómo pagar salarios ni mantener sus programas activos”, denunció Julio Moncada, director de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación en Honduras.
Uno de los casos más alarmantes es el de la Asociación Hondureña de Apoyo al Autista (APOAUTIS), una de las pocas instituciones en el país que atiende a personas con autismo.
“Lamentablemente ya cerraron operaciones. Solo están haciendo evaluaciones puntuales porque su personal tiene más de siete meses sin recibir sueldo”, explicó Moncada.
El retraso en los pagos ha generado una crisis generalizada en centros como Pilar Salinas y el Instituto Juana Leclerc Prepas, que brinda atención a personas con parálisis cerebral. Estas instituciones han asumido históricamente funciones estatales en áreas como rehabilitación física, inclusión educativa, formación laboral y atención sensorial.
“El Estado de Honduras tiene una responsabilidad que ha delegado históricamente a la sociedad civil. Nosotros damos servicios de salud, educación, acompañamiento psicológico, y lo hacemos con fondos que el mismo Congreso aprobó. Pero este año no han cumplido”, reclamó el dirigente.
Sin desembolso
Moncada detalló que hasta el momento solo seis organizaciones han iniciado trámites de pago mediante DF-01 y apenas una ha recibido su primer desembolso. El monto pendiente ronda los 15.5 millones de lempiras, necesarios para continuar funcionando lo que resta del año.
“Si no hay respuesta inmediata, el país se quedará sin instituciones que atiendan a personas con discapacidad. Esto no es un favor: es una obligación del Estado. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que se pongan la mano en la conciencia y agilicen los procesos”, finalizó Moncada.
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Mientras tanto, padres, terapeutas, docentes y usuarios viven con incertidumbre el posible colapso de uno de los pocos sistemas de atención especializada que aún funciona en Honduras, sostenido casi por completo por el compromiso de la sociedad civil.
