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sábado, enero 4, 2025

Centro Cívico Gubernamental blindado por amenazas de huelgas y manifestaciones

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Redacción. Bajo un fuerte resguardo policial amaneció hoy el Centro Cívico Gubernamental (CCG), el complejo que alberga la mayor cantidad de oficinas de instituciones públicas de Honduras, por amenazas de múltiples protestas programadas para este día.

La medida de seguridad responde a la creciente inconformidad que se ha manifestado en varios sectores, incluyendo los empleados públicos.

Según diversas fuentes, algunos trabajadores del sector público habían amenazado con realizar protestas este día. Eso generó incertidumbre sobre la normalidad de las labores en las dependencias gubernamentales.

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Los elementos llegaron desde tempranas horas.

Según diversos medios de comunicación, los empleados del Instituto de la Propiedad (IP) detallaron que existen atrasos en el pago de sus salarios y aguinaldo. Ésta sería la razón del anuncio de protestas. Sin embargo, ninguno de los representantes se hicieron presentes. Además, trascendió que trataron de llegar a un acuerdo con las autoridades mediante el diálogo.

Diferentes dependencias de seguridad como la unidad antimotines y de la Policía Nacional permanecen en el lugar para poder brindar seguridad a los empleados que se presentaron hoy.

Nueva administración

Una junta administrativa conformada por los cuatro institutos de previsión estatales asumirá la gestión del Centro Cívico Gubernamental (CCG), un proyecto que hasta ahora estaba bajo la administración de la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (UNOPS).

Centro Cívico Gubernamental huelgas
Los elementos de seguridad permanecerán en el lugar hasta que se eliminen la amenaza de protesta.

Amable de Jesús Hernández, director del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), explicó que, a través de un convenio interinstitucional firmado entre los cuatro institutos de previsión, se asumirá la administración del CCG, un proyecto cuyo financiamiento tiene un plazo de 20 años.

El gobierno, que pagaba 1.5 millones de dólares anuales por la gestión del centro, ahora podría transferir esos fondos a los institutos de previsión. En 20 años, esta suma alcanzaría los 30 millones de dólares, que se destinarán a la administración directa de las instituciones encargadas.

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