TEGUCIGALPA, HONDURAS. La construcción del Centro Cívico Gubernamental (CCG), no ha sido del todo miel sobre hojuelas, como pretende hacerlo creer el Ejecutivo.
El lunes, el presidente Juan Orlando Hernández y miembros del Gabinete de Gobierno, pasearon sobre el imponente complejo de edificios.
También lo hicieron representantes de la empresa privada y las constructoras y supervisoras del proyecto.
El recorrido sirvió para que “dialogaran” sobre las bondades del CCG, según un boletín de prensa del gobierno.
Las fallas ocultas
Sin embargo, el CCG, que albergará a 8.800 empleados públicos de 37 dependencias estatales, ha sufrido en el camino una serie de contratiempos.
Uno de los primeros atrasos lo constituyeron los permisos de construcción que debía autorizar la AMDC. Aún no está claro por qué la Alcandía Municipal del Distrito Central se oponía.
Bajo este argumento, la empresa de capital mexicano, Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras S.A.(DEOINSA), Inversionista Operador Privado (IOP), solicitó ampliar los plazos para el inicio de la obra.
De igual forma, existieron retrasos en la aprobación “integral del Proyecto Ejecutivo”. Por ejemplo, se perdió tiempo en decidir la ubicación de varias oficinas gubernamentales.
Además, el IOP solicitó un plazo adicional para la construcción del denominado Cuerpo Bajo D.
¿Quién afirma lo anterior?, pues nada menos que la institución creada para supervisar estas concesiones. Hablamos de la Superintendencia de Alianzas Publico Privadas (SAPP).
Como se ha informado, el CCG consta de dos torres altas, tres bajas y la Casa Presidencial.
El documento de la SAPP detalla los avances y los problemas de la obra durante el año 2018.
La SAPP constató también que el ritmo de construcción bajó, por la imposibilidad del gobierno de acceder a “recursos financieros externos previstos”.
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Modificación del contrato
Ante tanto contratiempo, el gobierno decidió modificar el contrato inicial a través de un Addendum. El documento se firmó el 24 de octubre de 2018.
Como consecuencia, el gobierno aceptó ampliar los plazos de construcción por once meses. Por ende, estableció como fecha de finalización de la construcción del Proyecto el 15 de julio de 2019.
Pero el nuevo plazo fue matizado el lunes cuando funcionarios del gobierno visitaron el proyecto. «La obra lleva un avance del 73.11 por ciento. Creemos que para finales de julio o principios de agosto estaremos iniciando la ocupación del edificio», dijo el ministro de Promoción de Inversiones, Luis Mata.
Pero no todo quedó ahí. El informe de la SAPP, establece que DEOINSA no había dado respuesta en tiempo y forma.
“No ha tomado en cuenta a cabalidad dichas opiniones al momento de ejecutar las actividades constructivas”, advierte la SAPP.
En consecuencia, el consorcio supervisor (Técnisa / Cinsa) mediante oficio del 28 de diciembre de 2018 notificó que DEOINSA no ha dado respuesta a 51 de sus “No Conformidades” y que le “impiden liberar los procesos constructivos”.
Acumulación de inconformidades
La falta de respuesta de DEOINSA generó una “acumulación de inconformidades”, dice la SAPP.
La SAPP revela en su informe que el inversionista operador privado no atendió las observaciones de TECNISA/CINSA.
Esta falta de respuesta, agrega, ha dado “como resultado una calidad en los trabajos diferente a la establecida y demandada en el contrato”.
En consecuencia, la SAPP advierte que algunos acabados no cumplieron con la calidad requerida en el Contrato.
Para salvar su responsabilidad, la SAPP informa que ellos han verificado los hallazgos del Supervisor.
La SAPP deja constancia que se le ha pedido a la DEOINSA la “respectiva subsanación”.
“Hay zonas con acabados bajos, por lo cual se ha requerido al IOP en diferentes ocasiones para que los subsane y así pueda garantizar la calidad en las obras”, informa la SAPP.
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Malos procedimientos
Adicional a esto, la SAPP registra otras “No Conformidades” en cuanto a la instalación del mobiliario. Especialmente el que se instala en la Torre 02. DEOINSA instaló alfombras en los primeros tres niveles de la Torre 2 sin haber nivelado las losas y sin autorización del Supervisor, sostiene la Superintendencia.
Advierten que se están “desprendiendo piezas en las alfombras ya instaladas. La razón es por los desniveles en las losas y por malos procesos al momento de la instalación”.
La Supervisión del Proyecto informó que esos trabajados de instalación de mobiliario no fueron notificados por DEOINSA. En consecuencia, no han sido aceptados por ellos.
Además, estos desniveles en losas han ocasionado cambios considerables de nivel en uniones de pisos, separación no aceptable entre pisos y puertas de oficinas, separación no adecuada entre puertas y marco de estas y mala colocación de zócalos.
En julio estará en operación
El proyecto del centro cívico gubernamental es un moderno complejo que albergará al menos a 37 instituciones gubernamentales. Con un monto de inversión referencial de 213.143,840.00 millones de dólares.
Dinero que se pagará mediante una cuota establecida en el contrato de 20 millones de dólares anuales.
La construcción de esta obra es considerada el complejo gubernamental más moderno del país. Inició el 5 de diciembre de 2016.
Este proyecto es supervisado por la SAPP y por el consorcio Técnisa / Cinsa. Teniendo como concedente a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y Banco Lafise.
El CCG fue concesionado por 27 años y el fideicomiso tiene un plazo de 30 años. Este proyecto fue adjudicado el 20 de abril el año 2016. Mientras que el contrato se suscribió el 20 de abril del 2013.
El fideicomiso para este proyecto lo aprobó el Congreso Nacional el 13 de enero de 2014 y se publicó en la Gaceta el 12 de mayo de 2014.
Establecido en el Decreto Ejecutivo PCM-062-2013 y Decreto Legislativo No. 307-2013
Los actores relacionados en esta APP son la Secretaría de Finanzas (concedente), Superintendencia de Alianza Pública Privada, como ente regulador, Consorcio Tecnisa/ Cinsa, supervisor del proyecto, Coalianza, estructurador del proyecto/concedente, Banco Lafise, fiduciario/concedente y Desarrolladora y operadora de infraestructura de Honduras S.A DE C.V.: Operador Privado.
