TEGUCIGALPA, HONDURAS. De acuerdo a información que ha confirmado el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y otras organizaciones de derechos humanos, en las últimas semanas han asesinado a unos 42 privados de libertad al interior del mismo sistema penitenciario.
En ese sentido, estas organizaciones de DDHH han indicado que estas masacres sucedieron el pasado 14 diciembre en la cárcel de «máxima seguridad» La Tolva. Por lo cual, 5 personas perdieron a vida.
Asimismo, el pasado 20 de diciembre, ocurrió lo mismo dentro del centro penal de Tela, Atlántida, donde perdieron la vida, al menos 18 personas en su interior.
De igual manera, el pasado domingo 22 de diciembre, un total de 19 reos resultaron muertos dentro del centro penal de El Porvenir, ubicado en el departamento de Francisco Morazán. Sin embargo, varios privados de libertad también sufrieron graves heridas, tras ocurrir estos fatales acontecimientos.
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Cejil condena y denuncia al Estado de Honduras
Por otra parte, Cejil condenó y denunció al Estado de manera contundente, luego de los asesinatos ocurridos dentro de los centros penales. Por lo cual, enfatizaron que Honduras ha fallado en su obligación de garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.
Al contrario, Cejil subrayaron que las autoridades del país en lugar de mejorar las condiciones en las que viven los reos, han profundizado las condiciones de riesgo. Esto, a través de medidas que violan los estándares internacionales de derechos humanos.
Además, el organismo mencionó que a raíz de la primera masacre que aconteció en La Tolva, el Poder Ejecutivo de Honduras emitió el decreto PCM-068-2019, el cual declaró estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional.
También se procedió a suspender a todas las autoridades superiores del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), del ejercicio de las funciones por un período de seis meses.
Militarización no es un hecho novedoso
A la vez, se ordenó la militarización de seis meses de todos los centros penitenciarios. Lo anterior, mediante el nombramiento de una Comisión Interventora integrada en pleno por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA).
En ese sentido, consideraron que la militarización del sistema penitenciario de Honduras no es un hecho novedoso. Sin embargo, señalaron que preocupa que esas medidas, sean la respuesta del Estado ante el recrudecimiento de la violencia dentro de las cárceles.
Cejil, recalcó que lo correcto debería ser la toma medidas para proteger a los reclusos. Además, manifestaron que con la incorporación de las fuerzas militares en labores de seguridad y administración penitenciaria, el Estado, expone a nuevas violaciones de derechos humanos.
FFAA no está capacitadas para gestión y custodia penitenciaria
Ante lo antes expuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Tortura, el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, han manifestado que las fuerzas Armadas (FFAA) no están capacitadas para realizar labores de gestión y custodia penitenciarias.
Estas organizaciones han expuesto que las autoridades de carácter civil ya capacitadas en los derechos humanos, son quienes deben ocupar cargos dentro de la administración carcelaria.
Tras las situaciones que viven los privados de libertad, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos han decidido continuar con su labor. Por tanto, siguen acompañando a las personas privadas de libertad.
No obstante, por tomar dicha determinación, han anunciado que resultan víctimas de represalias por su trabajo y están enfrentando amenazas contra su vida e integridad. Asimismo, sufren amenazas por su labor en defensa de los derechos humanos.
Además, los familiares de las víctimas de los centros carcelarios han denunciado que el Estado de Honduras les ha negado el acceso a la información. Esto, relacionado con la situación en las cárceles y les ha expuesto a procesos revictimizantes.
Llamado de Cejil para el Estado de Honduras:
- Derogar el decreto PCM-068-2019, el cual faculta a las fuerzas militares a realizar labores de administración penitenciaria por los próximos seis meses. También, tomar todas las medidas para erradicar la militarización que se ha instalado en las cárceles del país. Así como garantizar que las autoridades de carácter civil se encarguen de la administración carcelaria.
- Garantizar la participación de la sociedad civil, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Esto, para responder a la gestión y administración de los centros penitenciarios. A la vez, promover la investigación y juzgamiento de los responsables de los hechos dentro de las cárceles.
- Dejar de estigmatizar y obstruir la labor de defensa de los derechos humanos, el cual ejercen personas y organizaciones que acompañan a la población privada de libertad. Además, garantizar que estas oragnizaciones puedan realizar sus labores libres de cualquier riesgo.
- Cumplir lo ordenado por la Corte IDH en las sentencias de los casos López Álvarez y Pacheco Teruel y otros, emitidas desde 2006 y 2012 respectivamente. En particular a las medidas relativas a:
- Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de los centros penitenciarios, adecuándolas a los estándares internacionales.
- Implementar programas de capacitación al personal civil y policial de los centros penales.
- Implementar un programa de capacitación en derechos humanos de los funcionarios que laboren en los centros penitenciarios.
