TEGUCIGALPA, HONDURAS. Insatisfecha reaccionó una porción de la empresa privada luego de que el Congreso Nacional aprobó ayer la Ley de Auxilio al Sector Productivo y Trabajadores.
Esa legislación ofrecerá prórrogas y descuentos en el pago de impuestos y un fondo de garantía que permitirá al sector agrícola a acceder a préstamos.
Además, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) recibirán una exención especial del 10% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en caso de cumplir con el pago de salarios y derechos de sus colaboradores.
No obstante, la cadena de beneficios no involucra a las compañías grandes, situación que causó desagrado en la iniciativa privada del país.
Al respecto, opinó Jose Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT). Consideró que lo idóneo habría sido incluir a las macro-empresas ya que generan el «80% de la riqueza y contribución al fisco».
Según Rivera, la situación podría hacer que murieran empresas grandes, lo que, como una fila de dominós, generaría la desaparición de un montón de pequeñas, convirtiendo el paquete de medidas aprobado en infructífero para todo el sector.
«Es un sistema completo, se cierra un círculo de producción y afecta a unos, entonces afectará a los demás», aseveró el empresario de las telecomunicaciones.
De igual interés: COHEP sugiere dar otro «gran paso»: facilitar liquidez a empresas
¿Qué solicita la Empresa Privada al Gobierno?
El líder de la cámara en mención aseguró que no es una condonación la que buscan por parte de las autoridades gubernamentales, sino, una readecuación de los plazos para todos los empresarios.
«No pedimos condonación, pedimos una postergación del pago. El flujo de caja (dinero excedente, acumulado en operaciones previas) no es infinito; si seguimos pagando los impuestos, ¿de dónde vamos a tener para pagar planillas el 30 de abril?» explicó y cuestionó.
Por tanto, plantea que se modifique la fecha tope de pagos al fisco. A las MIPYMES se les extendió el plazo hasta el 30 de junio; él pide la misma dilatación del compás de espera para los grandes empresarios.
«Si seguimos cumpliendo con el mantenimiento de empleos, pagando salarios, no podremos pagar los impuestos. Podemos dilatarlo a todas las industrias. Eso nos va a dar un respiro para reactivar la economía y poder volver en unos meses a la normalidad».
¿Cuánto tardará en reajustarse la economía?
En base con la consideración del experto, la reactivación de la economía y su consecuente normalización asegura que comparte la teoría de que podría tomar mucho más de cinco meses.
«No va a ser igual que antes de la llegada de la COVID-19. Va a ser un proceso lento. Las industrias van a tener bajas de ocho o diez por ciento; creemos que algunas incluso desaparecerán», describió Rivera.
En virtud de lo expuesto, mencionó que «el padre que puede ayudar a todos» es el Gobierno, por tanto le exigen medidas equitativas para toda la empresa privada.
Rivera afirma que comparte el pensamiento de que nada importa más que la vida humana, pero la siguiente fase deberá «ser por la vida económica».
«Si rompemos eslabones de esta cadena, al final la máquina económica no va a funcionar. Uno planea una operación continua. Anticipa ciclos malos, pero este no lo previó nada», concluyó.
Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) sostuvo la misma inconformidad con la decisión con repercusiones parciales.
