Redacción. El Centro Cívico Gubernamental (CCG) enfrenta una inminente suspensión del servicio de agua potable debido a una deuda millonaria acumulada desde 2023, según la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
La UMAPS ha detallado que el complejo gubernamental adeuda L 83,967,561.06 en concepto de Tasas de Suministro y Desagüe, sin que hasta la fecha se haya mostrado voluntad de pago por parte del operador del edificio.
Pese a múltiples gestiones de cobro realizadas por UMAPS ante la administración del CCG y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la deuda sigue impaga.
En respuesta, UMAPS ha dado un ultimátum: si el pago no se efectúa antes del 13 de marzo de 2025, procederá con el corte del servicio y tomará acciones legales para recuperar los fondos adeudados.
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El gerente de la UMAPS, Arturo Tróchez Oviedo, mencionó en sus redes sociales que el operador de ese complejo no ha mostrado voluntad de pago.
«Vencido este plazo, UMAPS tomará medidas legales para el cobro del adeudo. Es nuestra responsabilidad asegurar la operatividad de esta empresa y eso implica cobrar a todos nuestros usuarios», aseguró Tróchez.
Desorden financiero del gobierno
Este episodio deja en evidencia la irresponsabilidad y el desorden financiero del gobierno. Por otro lado, exige a los ciudadanos el pago puntual de sus servicios básicos, mientras sus propias instituciones incumplen con sus obligaciones.
Muchas personas al ver esta situación se preguntan: ¿cómo es posible que un complejo gubernamental de esta magnitud, que alberga oficinas clave del Estado, funcione sin honrar sus compromisos financieros?
La falta de pago de esta deuda no solo afecta la operatividad del CCG, sino que también pone en riesgo la estabilidad financiera de UMAPS, una empresa municipal que depende de estos ingresos para mantener los servicios de agua potable y saneamiento en la capital. La postura de UMAPS es clara: se debe cobrar a todos los usuarios sin excepción.
Es inaceptable que el gobierno predique austeridad y eficiencia mientras deja cuentas millonarias sin pagar. Si el plazo vence sin una solución, el CCG podría enfrentar una crisis operativa sin precedentes.
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