TEGUCIGALPA, HONDURAS. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, arremetió en las últimas horas contra el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, en relación a la posición que ha asumido en defensa del nuevo Código Penal aprobado en enero del año pasado por ese Poder del Estado.
A través de su cuenta de Twitter, la directora del CNA escribió: ““Los locos de la esquina” Le exigimos al presidente del Congreso Nacional que no esconda su tiranía detrás del nuevo Código Penal.
En una segunda publicación, la abogada anticorrupción, aseguró que Oliva es “buena onda” con los delincuentes”. Lo anterior, por asumir su máxima defensa con el nuevo Código Penal.
Cabe mencionar que en varias ocasiones, las autoridades del CNA han manifestado que con los cambios plasmados en el nuevo Código Penal, los funcionarios públicos hondureños señalados por corrupción, podrán librarse de la cárcel, una vez terminen su mandato.
Asimismo, han cuestionado que el proceso de creación de cuatro artículos no se debatió en el Congreso. Y otros se trastocaron, es decir que su redacción no era la misma que se presentó en el borrador socializado.
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CNA: “Nuevo Código Penal incluye delitos que nunca se van aplicar”
De igual forma, el CNA señaló que los primeros 20 artículos son nuevos. Pero es una copia del Estatuto de Roma que utilizó Honduras en 2002. Además, agregan que el nuevo Código incluye artículos y delitos que nunca se podrán aplicar.
En ese sentido, Castellanos avizoró que de entrar en vigencia el nuevo Código Penal en noviembre, por la retroactividad del Derecho Penal, bastará una hora. O una semana para que varias personas se beneficien.
Igualmente, resaltó que dentro del Nuevo Código Penal en el artículo 475, se puede interpretar que el funcionario sólo podrán investigarlo cuando esté en su cargo. Eso sí, al salir no podrá ser investigado por malversación de caudales públicos”.
Ante ese contexto, el nuevo Código Penal levanta fuertes críticas en diversos sectores de la sociedad hondureña. Sus opositores sostienen que suaviza las condenas contra la narcoactividad. Y mantiene las penas contra la calumnia e injuria, que se interpretan como una amenaza contra la libertad de expresión.
