Redacción. El Poder Judicial de Honduras informó que 23 de los 40 imputados en el caso de corrupción del Programa de Asignación Familiar (PRAF) enfrentarán su proceso en libertad tras dictarse medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Este caso, denominado «PRAF», involucra el supuesto desvío de 96.9 millones de lempiras, fondos que estaban destinados a programas para combatir la extrema pobreza en el país.
Medidas y restricciones
Si bien estos 23 sospechosos no permanecerán detenidos, deberán cumplir con estrictas medidas impuestas por el tribunal, entre ellas:
- Prohibición de salir del país
- Presentación periódica en los juzgados cada 15 días para firmar el libro de control
- Otras restricciones impuestas por el juez del caso
Por otro lado, la audiencia inicial ha sido programada para el miércoles 5 de marzo a las 11:00 a. m., momento en el cual se evaluarán las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa.
Un caso que sacude a Honduras
El escándalo del PRAF ha generado indignación a nivel nacional, ya que los fondos desviados estaban destinados a asistir a las poblaciones más vulnerables del país. Las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de cada acusado y recuperar los recursos desviados.
Se espera que en la audiencia del 5 de marzo se defina la situación legal de los imputados y se establezcan posibles nuevas medidas para el desarrollo del proceso judicial.
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Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción
Dictó Medidas Sustitutivas a 23 imputados en el caso denominado PRAF, quedando señalada la audiencia inicial para miércoles 05 de marzo a las 11:00 de la mañana. pic.twitter.com/WpgRX9oh8m— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) February 19, 2025
Antecedentes
Bárbara Castillo, portavoz de los Juzgados, comentó al medio de comunicación HRN que estas personas enfrentan el delito de fraude, falsificación de documentos públicos y privados. Del mismo modo, se someterán a un proceso judicial por el delito de violación a los deberes de los funcionarios.
Castillo informó además que estas personas firmaron 462 contratos de capacitación. Además, la vocera de los juzgados comentó que esta gestión se pagó con fondos del Bono Juvenil. Asimismo, 134 se cancelaron con fondos del programa de mujer.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de las personas que se presentaron de manera voluntaria.
Según las autoridades, las 40 personas no solo causaron el desfalco millonario a las arcas del Estado asimismo, también perjudicaron a miles de jóvenes y mujeres hondureñas al privarlas de la oportunidad de formarse con capacidades técnicas y así emprender su propio negocio.
