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miércoles, abril 24, 2024

Caso «Planeta Verde»: TSC sigue «investigando» mientras UFECIC presenta requerimiento

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TEGUCIGALPA. En Honduras, el Tribunal Superior de Cuentas es el ente responsable de fiscalizar todo el patrimonio del Estado para revisar que ningún funcionario público cometa actos irregulares. Sin embargo, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) presentó ayer el caso «Planeta Verde» donde involucran a diputados y exdiputados, mientras en el TSC aseguran que están «investigando y verificando».

En el caso denominado «Arca abierta», la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP) presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un requerimiento fiscal contra cinco diputados y seis ex diputados hondureños.

El magistrado presidente del TSC, Juan José Pineda, aseguró que ellos están cumpliendo aún con pocos recursos.

«Muchas de las denuncias o casos que han sido llevados a los juzgados tanto por la MACCIH como por la Fiscalía han sido remitidos por el órgano contralor que investiga normalmente la parte administrativa para ver si existe responsabilidad civil, administrativa o penal», explicó Pineda.

En ese sentido, aseguró que cuando hay indicio penal se remite a la Físcalía. Mientras que si encuentran responsabilidad civil se remiten a la Procuraduría para que efectúe las acciones pertinentes.

Por su parte, cuando hay responsabilidad administrativa se le asigna una multa al hechor.

Lea también: MACCIH denuncia caso de corrupción «Arca Abierta» e involucra a diputados 

TSC todavía está verificando

En el caso «Planeta verde» o «Arca Abierta», Pineda aseguró que el TSC continúa con la verificación de los documentos.

«Los órganos contralores han estado y están en proceso de investigación. De todo el Fondo Departamental, incluyendo el fondo de ‘Planeta Verde'», aseguró el funcionario.

El magistrado presidente agregó: «Nosotros todavía estamos verificando que ese dinero haya ido a parar a los beneficios de cada una de las comunidades o de los proyectos; no solamente la documentación, porque la liquidación es comprobar».

En torno a este caso aseguró que se continúan verificando nueve proyectos supuestamente realizados por dicha ONG. «Estamos investigando y, ¿qué estamos verificando? No solamente la documentación sino que el proyecto se haya efectuado», detalló.

Al ser cuestionado sobre que la MACCIH realiza sus investigaciones al margen del TSE, Pineda se limitó a responder que «ellos realizan sus investigaciones y de acuerdo a sus hallazgos determinan un delito y proceden».

Ante comunicado de la MACCIH

 El TSC comparte el criterio de la MACCIH que existen ineficientes mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos públicos.

Tras la presentación del caso «Arca Abierta», el vocero de la MACCIH, Luiz Antonio Guimarães, aseveró que «los mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos públicos son ineficientes».

En consecuencia, el TSC asegura que existe una necesidad de efectuar reformas. D eesta forma se podrá fortalecer el sistema de control en la Administración Pública.

Además, siempre en el caso «Arca Abierta», mediante un comunicado, las autoridades del TSC aclaran que no se ha emitido ninguna constancia de solvencia a diputados ni a ONGs.

TSC asegura ha solicitado dos veces al CN proyecto de reforma

Según el TSC, en el Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas del Sector Público 2017, se halló debilidad. Además, poca contabilidad en las Unidades de Auditoría Interna del sector público.

Asimismo, el comunicado señala que «el TSC es consciente de la urgente necesidad de aprobar reformas legales que permitan fortalecer la capacidad de prevenir y evitar que se cometan actos irregulares».

Sin embargo, aseguran que en dos ocasiones, en el año 2017 y en el 2018, el Pleno de Magistrados del TSC presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de reforma a su Ley Orgánica.

El objetivo es conceder al TSC la facultad de seleccionar, designar y destituir al auditor interno y personal auxiliar; quienes conforman Unidades de Auditoría Interna de las instituciones del sector público. Actualmente, esta atribución le compete al Poder Ejecutivo.

A criterio del TSC, con la modificación se pretende que el auditor interno y su personal auxiliar actúen con independencia. A su vez, que no tengan temor a ser destituidos cuando detecten algún hecho irregular.

Reiteran que están a la espera de que el CN someta a discusión dicho proyecto de ley.

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