Redacción. A más de cuatro meses de la intervención de Koriun Inversiones, miles de hondureños que confiaron su dinero en la empresa continúan sin información clara sobre la recuperación de sus fondos.
Las declaraciones oficiales sobre los bienes incautados y el dinero en proceso judicial han generado confusión respecto al monto asegurado, la lista de afectados y el avance real de las investigaciones.
En abril de 2025, el Ministerio Público (MP) intervino Koriun Inversiones, que operaba en Choloma, Cortés, así como en Olancho y Copán. La acción desató alarma entre los inversionistas y dejó a muchas familias en crisis financiera al no poder recuperar sus depósitos ni las ganancias prometidas.
Confusión en las cifras
Según información oficial, durante los allanamientos se incautaron vehículos, un terreno, dinero en efectivo y fondos en cuentas electrónicas.
El 20 de mayo, el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, informó que se aseguraron más de 400 millones de lempiras. Además, 15 vehículos, un terreno y una sociedad mercantil a nombre del principal investigado, Iván Velásquez.
Parte del dinero habría sido devuelto a aportantes que lograron comprobar su participación. Mientras que el resto quedó bajo proceso judicial, según explicó el funcionario en ese momento.
Sin embargo, el 2 de septiembre Zelaya aclaró que la OABI no tiene en su poder el dinero decomisado a Koriun, únicamente algunos bienes materiales: vehículos, una sociedad mercantil y un terreno de menos de 400 varas de extensión.
No han ingresado fondos
En ese sentido, recalcó que los fondos incautados aún no han ingresado a la institución. “Todos sabemos que cuando el dinero sirve de evidencia probatoria se debe de esperar que termine el proceso para que entre a la institución”, señaló.
El funcionario también insistió en la necesidad de contar con un informe detallado sobre cuánto dinero permanece en poder del Ministerio Público y con un listado de afectados para conocer si los fondos alcanzarán para resarcirlos.
“Necesitamos que se informe a cuánto asciende el dinero que tiene el Ministerio Público y la lista de personas a quienes se les debe para determinar si ajusta o no”, remarcó.
Recordó además que Koriun no contaba con los permisos correspondientes y que el caso debe resolverse en los tribunales.
“Esta es una empresa que no contaba con permisos, por lo que serán los tribunales quienes encuentren culpables a los responsables, creo que puede haber testaferros y dineros fuera de Honduras, son miles de personas las perjudicadas, por lo que el Ministerio Público debe probar esta causa”, manifestó.
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Finalmente, dijo que será hasta que concluya la investigación cuando los fondos puedan ser trasladados a la OABI y ahí se definirá qué hacer con ellos.
MP pide listados detallados
Por su parte, el Ministerio Público solicitó a la junta directiva de los afectados una base de datos oficial con el número de aportantes, las sumas entregadas y las pruebas que confirmen que pertenecieron a Koriun.
“Parte de lo que se les ha solicitado es que se pueda contar cuanto antes con el listado oficial de todas las personas aportantes y qué cantidades de dinero entregaron a Koriun. Se ha especulado mucho sobre las cifras, pero no se tiene un registro oficial”, indicó el portavoz del MP, Yuri Mora.
El funcionario agregó que el MP estima un monto que supera los 430 millones de lempiras incautados, entre efectivo y cuentas bancarias. No obstante, no aclaró si al completar la documentación los afectados podrán recuperar sus fondos, ya que el dinero asegurado no cubriría el total de lo perdido.
Expectativa en el Congreso
En paralelo, el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, sugirió a los afectados que la única salida sería un decreto de emergencia aprobado en el Congreso Nacional. Esa posibilidad motivó plantones y movilizaciones en Tegucigalpa.
Sin embargo, voces de oposición han señalado que se trata de una deuda privada. Asimismo, enfatizan que usar recursos públicos sería ilegal, lo que pone en duda que la propuesta tenga futuro.
El Congreso, por su parte, informó que, de recibir una iniciativa ciudadana, deberá revisarse y corregirse para cumplir requisitos legales. Esto incluye la validación de firmas y huellas por el Registro Nacional de las Personas (RNP).
El caso Koriun sigue sin un camino claro. Mientras el MP habla de más de 430 millones de lempiras incautados, la OABI asegura que aún no ha recibido ese dinero, pese a haber asegurado que parte de él se había regresado a los afectados. Y aunque se mencionan posibles vías legislativas, no hay certezas de que lleguen a concretarse.
La situación mantiene a miles de familias hondureñas en incertidumbre, a la espera de respuestas sobre el monto real recuperado, la lista oficial de inversionistas y el procedimiento que se aplicará para resarcir las pérdidas.
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