Choloma, Cortés. En un operativo reciente, agentes policiales incautaron armamento de alto poder en las instalaciones de la empresa Koriun, ubicadas en Choloma, Cortés.
Un medio regional transmitió en vivo las diligencias, donde se observa a los agentes del orden descubriendo un subfusil Uzi y tres fusiles AR-15 sin número de serie. Estas armas, descritas como de largo alcance, grueso calibre y uso bélico, refuerzan la gravedad de las actividades ilícitas presuntamente vinculadas al caso Koriun.
Vehículos
La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) confirmó que actualmente tiene bajo resguardo al menos 14 vehículos pertenecientes a la empresa Koriun. Entre ellos se encuentran varios modelos de lujo y vehículos utilitarios, los cuales están almacenados en instalaciones oficiales designadas para este tipo de bienes.
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Además de las armas y los vehículos, las autoridades reportaron la incautación de 1 millón 800 mil lempiras en efectivo durante las últimas horas. Sin embargo, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) aclaró que dicho monto aún no ha sido transferido a su administración.
Fondos
Cabe recordar que, en operativos anteriores, el abogado Marco Antonio Zelaya, director de la OABI, informó que las autoridades ya devolvieron de forma controlada más de 430 millones de lempiras a los afectados.
Zelaya subrayó la magnitud del fraude al señalar: «Lógicamente, los 430 millones de lempiras no son suficientes, porque la estafa masiva asciende a más de 3,000 millones».
Esta cifra astronómica resalta el impacto devastador que el caso Koriun ha tenido en miles de familias hondureñas.
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Zelaya explicó que la devolución de esos fondos se realizó bajo estricta vigilancia, con el fin de garantizar la transparencia y la seguridad del proceso: «El fiscal Joel Antonio Zelaya ordenó que ese dinero se devolviera de forma controlada con asistencia de la Policía de Investigación, la fiscalía y los administradores ubicados en los diferentes lugares donde operaba Koriun Inversiones», apuntó. Este procedimiento buscó asegurar que los fondos llegaran a las víctimas correctas, minimizando el riesgo de fraudes adicionales.
Las personas continúan exigiendo la restitución de su dinero y piden al Gobierno que cumpla con la promesa de reembolsarles. La presión social sobre las autoridades se mantiene alta, mientras el caso Koriun sigue revelando nuevas facetas de una de las estafas más grandes en la historia reciente del país.
