Redacción. Uno de los tres acusados por el crimen del ambientalista y regidor municipal Juan Antonio López ha solicitado someterse a un procedimiento abreviado, lo que implica aceptar su responsabilidad en el hecho, confirmó el abogado José Lemus, acusador privado en el caso.
Este martes 3 de junio estaba prevista la audiencia preliminar, sin embargo, fue suspendida y reprogramada para el próximo 14 de agosto, luego de que tanto el Ministerio Público como la parte acusadora y la defensa legal coincidieran en que aún faltan pericias importantes por presentar.
El nombre del imputado que planea acogerse al procedimiento abreviado no se reveló, pero, según Lemus, esto le permitiría obtener una reducción de hasta un tercio de la condena, en caso de declarársele culpable.
“El Código Penal establece una pena de entre 25 a 30 años de prisión por el delito de homicidio. Si al acusado se le condena a 30 años, podría beneficiarse con una rebaja de hasta 10 años”, detalló el abogado.
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Bajo esta figura judicial, el procesado no expone en detalle los hechos ante el tribunal, sino que se limita a aceptar como ciertos los elementos presentados por la fiscalía.
“El Ministerio Público relata los hechos, así como se presentó el requerimiento fiscal, y el imputado en ese caso se somete y dice que es cierto lo que dice el MP”, explicó Lemus. Añadió que los tres acusados están señalados como autores materiales del asesinato.
En cuanto a los otros dos implicados, su causa seguirá el proceso ordinario y se espera que enfrenten un juicio oral y público, cuya fecha aún está pendiente de definir.
El crimen
El crimen ocurrió la noche del 14 de septiembre de 2023, en la colonia Fabio Ochoa, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. Juan Antonio López perdió la vida de varios impactos de bala luego de salir de una iglesia y abordar su vehículo. Su asesinato generó indignación a nivel nacional e internacional.
López no solo era regidor municipal, sino también un defensor activo del medioambiente. Integraba el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, coordinaba la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo. Además, era miembro del Consejo Apostólico Nacional de la Compañía de Jesús en Honduras.
Por este crimen, autoridades capturaron en octubre de 2024 a Daniel Antonio Juárez Torres, Lenín Adonis Cruz Munguía y Óscar Guardado Alvarenga. Actualmente, enfrentan cargos como presuntos autores materiales del asesinato.
