Redacción. El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (Uferco), presentó este viernes el caso de corrupción denominado ‘Helios’.
Esta línea de investigación señala a 15 personas por el presunto desvío de más de 143 millones de lempiras de las finanzas públicas durante el primer gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Según el requerimiento, los acusados incluyen a extrabajadores de Casa Presidencial, del Instituto de la Propiedad (IP) y a particulares. Los implicados habrían diseñado un esquema fraudulento para desviar un total de L143,638,214.48 entre 2016 y 2017.
Entre los señalados se encuentra José Octavio Godoy Urbina, exfuncionario de Casa Presidencial y actual diputado del Parlamento Centroamericano. También involucra a Harvis Edulfo Herrera Carballo y Óscar Alberto López Escalante, detenidos por cargos como fraude y lavado de activos.
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Personal de confianza
Las investigaciones señalan que Godoy Urbina, aprovechando su cercanía con el expresidente Hernández, reclutó personal de confianza tanto en Casa Presidencial como en el IP, así como a particulares, con el fin de crear empresas de maletín en el área de publicidad y comunicaciones.
Estas empresas, creadas con fines ilícitos, emitieron 144 cheques a nombre de sociedades mercantiles, los que depositaron en cuentas bancarias de las mismas. Posteriormente, los fondos fueron retirados, convertidos en efectivo y, en algunos casos, depositados en cuentas bancarias sin justificación.
Con esos fondos, algunos de los imputados obtuvieron beneficios económicos y realizaron depósitos fraccionados en cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas, sin justificación alguna. Para llevar a cabo estos movimientos utilizaron un listado previamente proporcionado por Hilda Rosario Hernández Alvarado, exministra de Comunicaciones y Estrategia y hermana del expresidente Hernández, quien ya ha fallecido.
Las autoridades también declararon con lugar la solicitud de asegurar varias sociedades mercantiles, una ONG, cinco inmuebles, un vehículo y productos financieros pertenecientes a 12 personas naturales y tres jurídicas. La investigación contó con el apoyo fundamental de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que facilitó la recopilación y análisis de información clave para el caso.
