TEGUCIGALPA, HONDURAS. «El Estado de Honduras utilizó diferentes tácticas para criminalizar a los 12 imputados en el caso Guapinol», dijeron esta mañana dos defensoras del medio ambiente estadounidense. Ellas lllegaron a los juzgados donde se desarrolla el juicio contra  los imputados.

La delegación esta integrada por Claire White, doctorada de la Universidad de Harvard; profesora y asociada de la Hermanas de San José de Boston y  la Pastora Kathleen McTigue. Ella es directora del Centro de Justicia Social de la Iglesia Unitaria Universalista de los Estados Unidos. Se dedica a la defensa de los derechos humanos.

Es de mencionar que la primera es hija del gran luchador de los derechos humanos, el exembajador Robert White.

En su comunicado los delegados reiteraron su profunda preocupación por la estrategia del Estado de Honduras al criminalizar a los defensores de la vida y del medioambiente.

El escrito detalla que a 12 medioambientalistas los procesan como terroristas o parte del crimen organizado.

“El Estado de Honduras utilizó diferentes tácticas para criminalizar a los 12 imputados en el caso Guapinol. Entre ellas, aplican delitos como la asociación ilícita, y ventilan el juicio en tribunales que juzgan a la criminalidad organizada”.

Entre las denunciantes está la hija del gran luchador de los derechos humanos, el exembajador Robert White.

Ambientalistas señalados como banda organizada

El escrito también detalla que la delegación constató la decisión del MP de identificar a este grupo de defensores como una «banda organizada», construyendo delitos comunes graves haciendo un uso amañado de los testigos sin rostros y pruebas anticipadas. Como también la violación de las garantías de los defensores.

Por lo descrito en el párrafo anterior, el comunicado establece que:

Repudiamos que el gobierno de Honduras decida dar respuestas penales a problemas sociales, problemas que tienen su origen en la corrupción e impunidad institucional, como es en este caso. Donde las concesiones mineras ilegales y  un decreto inconstitucional que reduce la zona protegida del parque Carlos Escaleras para poder llevar a cabo estos proyectos, han provocado daños ambientales y altos riesgos  a la vida de los defensores.