ESTADOS UNIDOS. Un cambio en el gobierno de Honduras es el objetivo que tienen las autoridades estadounidenses con la judicialización del caso de Juan Antonio «Tony» Hernández, así lo indicó la defensa del hondureño.
A través de una carta que dirigió el abogado Peter Brill al juez Kevin Castel, cita que «este caso es uno más en una larga línea de desgracias de intervención en política exterior llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos».
De acuerdo con el Brill, «esta vez se busca un cambio de régimen a los niveles más altos en Honduras», agrega la misiva. A renglón seguido, solicita que imponga a su cliente la pena mínima de 40 años de cárcel a la que se enfrenta.
Esa petición, surge luego que la Fiscalía solicitó la pena máxima (cadena perpetua) para el exdiputado. Así también, solicitaron la restitución de 138 millones de dólares y el cobro de una multa de 10 millones de dólares.
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«Tony» Hernández alega inocencia
El cuerpo legal del exdiputado del Partido Nacional, insistió al juez que aunque Hernández reciba una pena mínima, su vida está destinada a morir en prisión. Como parte de su estrategia en defensa de su cliente, presentó al juez una serie de cartas que escribieron los familiares del acusado donde solicitan clemencia en la sentencia final.
Sumado a ello, Brill también hizo llegar a Castel varios certificados de cursos religiosos en los que «Tony» ha participado durante su estadía en prisión.
La defensa hizo hincapié en que el hondureño niega haber cometido los delitos por los cuales ahora guarda prisión. Es decir, que su detención fue «un claro y obvio intento de implicar» al presidente de Honduras en el tráfico de drogas.
«Tony» Hernández fue capturado un 23 de noviembre de 2018 en un aeropuerto de Miami, por el agente Sandalio Gonzáles de la Administración de Control de Drogas (DEA). Desde entonces, guarda prisión en Estados Unidos.
Un año más tarde se celebró su juicio, donde el jurado lo declaró culpable de los delitos de conspirar para importar cocaína a EE.UU., posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración para posesión de armas y brindar falso testimonio a agentes federales.
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