Redacción. Este martes, el exfuncionario Roberto Cosenza comparece ante la Corte tras declararse culpable de recibir sobornos y lavar dinero público durante su gestión al frente de la Tasa de Seguridad Poblacional.
La fiscalía solicitó al juez una condena de 30 años para el acusado, argumentando la gravedad de los delitos cometidos. Por su parte, la defensa pidió una pena mínima de 12 años, apelando a las atenuantes y circunstancias que podrían justificar una reducción en la sentencia. Ahora, el juez deberá evaluar ambas posturas antes de dictar la sentencia final.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de recibir sobornos y participar en una red que desvió fondos públicos destinados a la seguridad en Honduras.
Cosenza formó parte del gobierno de Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño condenado en EE. UU. a 45 años de prisión por narcotráfico.
En agosto, Cosenza compareció ante la Corte Federal de Miami y se declaró culpable tras aceptar un acuerdo con la fiscalía. Reconoció su participación en un esquema que adjudicó contratos a una empresa estadounidense para la compra de uniformes y artículos para la Policía Nacional de Honduras.
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Acusaciones
El Departamento de Justicia lo acusó formalmente en 2023. Aunque inicialmente negó los cargos, su defensa lo convenció de admitir su responsabilidad penal.
El caso también involucra al empresario estadounidense Carl Alan Zaglin y al ciudadano Aldo Néstor Marchena. Las investigaciones revelan que, entre 2015 y 2019, ambos sobornaron a funcionarios hondureños, incluido Cosenza, para obtener contratos millonarios con la Policía Nacional.
Durante ese período, la empresa de Zaglin recibió más de 10 millones de dólares en contratos financiados con fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional. A cambio, Cosenza obtuvo 166,000 dólares en sobornos, depositados en cuentas bancarias bajo su control.
Las autoridades estadounidenses concluyeron que los implicados utilizaron estos contratos para encubrir pagos ilícitos disfrazados de transacciones legítimas. El uso del sistema financiero estadounidense permitió a la justicia de ese país asumir jurisdicción sobre el caso.
Estados Unidos considera este caso un paso importante en la batalla contra la corrupción transnacional.
