TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Condenaron al diputado Edgardo Casaña y a otros exdirectivos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Imprema), a quienes se les acusó por el delito de abuso de autoridad.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), impuso como pena a los imputados la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos.
Entre la lista de condenados sobresalen los nombres de Edgardo Casaña, Alfonso Guillen, César Ramos y Óscar Recarte. Asimismo, se les impuso la pena accesoria, establecida en el artículo 41 de la Constitución de la República, de suspensión de la ciudadanía por seis años, tiempo que durará la pena principal.
Po su parte, al exministro de Educación, Alejandro Ventura, quien era otro de los imputados, se le dictó sobreseimiento definitivo por extinción de la responsabilidad penal, debido a que falleció en septiembre de 2019.
Casaña declaró a Radio América que «la resolución de la Sala Penal reviste todas las características y condiciones de una sentencia política. Es increíble que la justicia de este país convierta una conquista del magisterio en las calles en el año 2010, en un acto criminal».
Asimismo, el diputado dijo que se encuentra en un estado de indefensión. Además, condenó la manipulación de la Corte Suprema de Justicia para perseguir políticamente a personas que fungieron como dirigentes magisteriales.
Casaña en contra de CSJ
Además, mencionó que en las calles conquistó una revalorización de 300 lempiras a los docentes jubilados en el Inprema. «Para nosotros esta sentencia es ilegal y lo vamos a demostrar», sostuvo.
En tal sentido, el congresista informó que sus abogados están trabajando sobre el tema y harán uso de todos los recursos.
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«Tres personas en una Sala Penal reunidos están queriendo bloquear la manifestación del pueblo que por tercera vez dijo: queremos al diputado Edgardo Casaña, y que con su partido en el poder podemos promover cosas dignas para la educación pública y en recuperar la jubilación y reivindicación del magisterio y a los niños y niñas«, puntualizó Edgardo Casaña.
Abuso de autoridad
La acusación del Ministerio Público (MP), estaba basada en que los exmiembros de la junta directiva del Inprema aprobaron en 2010, mediante resolución 1526, modificaciones en la estructura de pensiones y jubilaciones de la institución gremial. No obstante, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), no se los había autorizado.
Sin embargo, en 2018 un tribunal especial absolvió a los imputados por falta de pruebas, pero el ente de justicia del Estado hizo efectivo el recurso de casación que la ley le otorgaba.
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